La alcaldesa, Pilar Sánchez, defendió ayer la legalidad de la adscripción nominativa de 180 empleos en la estructura de mando del Ayuntamiento, después de que la Junta instara a anularla a través de un requerimiento. Sánchez dejó claro que el Consistorio jerezano "siempre ha actuado, actúa y actuará" de acuerdo con la legalidad vigente, añadiendo que los trabajadores que pudieran sentirse afectados "no tienen de qué preocuparse".

La regidora consideró "normal entre Administraciones" este tipo de requerimientos, que ha justificado en el desconocimiento de la Junta del "siguiente paso" dado por el Ayuntamiento, que fue el inicio del proceso de elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Sánchez ha asegurado por otro lado que ambas partes se están "reuniendo permanentemente" para aclarar la cuestión.

La Consejería de Gobernación remitió hace unos días al Ayuntamiento un requerimiento a través del cual le instaba a que en el plazo máximo de un mes anulase la adscripción nominativa de los 180 puestos de trabajo correspondientes a su estructura de mando, aprobada en el pleno de enero. La Administración autonómica basaba su dictamen en la ausencia de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ordenase al personal en base a las necesidades de los servicios, al tiempo que establezca los requisitos que deben tener los trabajadores que ocupen esos puestos y al salario correspondiente. De igual modo, la Junta advertía de que el acuerdo plenario conculcaba "los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad aplicables no sólo en el acceso a la función pública, sino también durante la relación de servicios".

Por último, Sánchez criticó el uso que el PP le ha dado a este asunto.