El Consejo Consultivo determina que el Ayuntamiento de Jerez deberá indemnizar a una familia por las molestias de una granja avícola junto a su vivienda

El Ayuntamiento de Jerez deberá indemnizar a una familia por las molestias que le generó durante años una granja avícola situada en una finca junto a su vivienda que carecía de licencia dado que no adotó medidas para su clausura en las décadas que estuvo operativa. Es la decisión adoptada por el Consejo Consultivo de Andalucía en un dictamen elaborado el pasado mes tras un procedimiento de responsabilidad patrimonial por inanición por parte de la entidad local.

Todo comienza en 1974 cuando los promotores de un granja avícola situada al este de la ciudad solicitó una licencia para la construcción de una nave agrícola ganadera. Sin embargo, y tal y como se apunta en el dictamen, esta instalación no llegó a contar con la licencia de actividad durante las casi cinco décadas que estuvo operativa, que era preceptiva en ese momento. En este sentido se indica, además, que el titular de la explotación "nunca presentó el proyecto o la memoria" que exigía la normativa, requisito necesario para obtener el permiso de desarrollo de esta actividad.

A pesar de las numerosas quejas vecinales, que también se tramitaron ante el Defensor del Pueblo Andaluz, no fue hasta marzo de 2015 cuando el Ayuntamiento decretó el cese de la actividad y su clausura. Sin embargo, y tal y como señala el órgano consultivo, no solo no adoptó medidas para dar ejecución a esta resolución sino que también "esperó cuatro años para dejar sin efecto el decreto que ordenaba el cierrre". No en vano, la actividad no finalizó hasta una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fechada en 2022 por la que dejaba sin validez una resolución adoptada por el Ayuntamiento en 2019 que dejaba sin validez la resolución de 2015 que ordenaba el cese de la granja avícola.

Tal y como determinaron los informes de la Policía Local, esta granja emitía olores y niveles de ruido que son "muy incompatibles" y "poco saludables" para vivir en las viviendas aledañas, aunque estas se construyeran con posterioridad al inicio de la actividad en estas instalaciones. Por ello, el Consejo Consultivo dictamina que ha quedado probado que la administración local "no ha desplegado actividad alguna para poner fin a la actividad contaminante".

Ahora bien, para el cálculo de la indemnización el órgano consultivo establece una consideración. Los reclamantes pedían una millonaria indemnización que solo ha sido aceptada en parte. El motivo es que, cuando los reclamantes adquirieron la finca, en la zona anexa ya estaba funcionando la granja avícola por lo que reduce la indemnización limitándola, además, al periodo en el que hay constancia fehaciente de que los familiares residían en la vivienda. De este modo, el importe total de indemnización se fija en 285.000 euros en total.

Por lo tanto, tras este dictamen —el informe del Consejo Consultivo es preceptivo dado que es una reclamación patrimonial a una entidad local que supera los 50.000 euros— el Ayuntamiento debe resolver la solicitud en un plazo de 15 días. Este medio preguntó al ejecutivo local por este asunto, sin obtener respuesta.