El traspaso de la gestión del ciclo del agua en la ciudad durante los próximos 25 años continúa su hoja de ruta sin modificarse un ápice. Mientras se espera que los informes técnicos avalen la propuesta económica presentada por la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por dos filiales de FCC, Aqualia y Traina, el gobierno municipal sigue defendiendo el procedimiento justificándolo en la necesidad de obtener la liquidez necesaria para hacer frente a la millonaria deuda que arrastra el Consistorio jerezano. Por ello, reiteró que la decisión, que "no es agradable", es "dura y necesaria".

Esto fue lo que se dijo en el transcurso de una sesión plenaria de la corporación municipal que se celebró en la mañana de ayer por petición de los grupos de la oposición. PSOE, Foro Ciudadano e IU habían reclamado que se dejara sin validez el acuerdo de pleno del pasado 2 de marzo donde se aprobó el cambio de modelo de gestión del agua, pasando de estar administrada directamente por el Ayuntamiento a través de la empresa municipal Ajemsa a hacerlo mediante una sociedad privada. Las tres formaciones entienden que aquella decisión es nula ya que han cambiado las circunstancias económicas que la motivaron. Para ello, se mencionó que parte de la deuda de la mercantil municipal fue abonada con el plan de pagos a proveedores (los llamados créditos ICO) y se ha equilibrado el déficit del servicio de recogida de residuos tras la subida de la tasa. En este sentido, la portavoz del PSOE, Miriam Alconchel, señaló: "No hay datos que justifiquen esta decisión. Ni hay un mal funcionamiento de la empresa, ni tiene malos rendimientos económicos y ni hay una mala prestación del servicio". José López, de Foro Ciudadano, sostuvo: "Ajemsa no tiene problemas financieros porque se ha modificado la tendencia negativa de la recogida de basuras". Y, Joaquín del Valle, de IU, apuntó: "Las circunstancias económicas de Ajemsa han cambiado por las acciones del PP que han desmontado sus argumentos".

No obstante, los tres grupos centraron sus intervenciones en defender que la gestión del agua siga en manos públicas y en asegurar que la empresa adjudicataria obtendrá unos importantes beneficios con la explotación del servicio. "Es un negocio redondo porque no hay riesgo para la empresa ya que tiene la demanda y los ingresos garantizados", dijo Del Valle. "Aqualia no es una ong y si viene es porque sabe que va a ganar dinero", comentó López. "Esto es una decisión ideológica, no económica", apuntó Alconchel.

En cambio, el PP eludió entrar en el debate propuesto por la formación sobre el modelo de gestión del agua. No obstante, el primer teniente de Alcaldía y portavoz municipal, Antonio Saldaña, no tuvo más remedio que hacer una alusión a las cifras del traspaso aunque no sin reproches a los grupos. "Están dando una información falsa para confundir a la opinión pública porque a lo largo de 25 años el valor del dinero cambia; así, lo que ahora vale un euro, para que no pierda su poder adquisitivo dentro de 25 valdrá cuatro [...].No se puede engañar comparando unos beneficios que se van a ir teniendo cada año sin analizarlos con la perspectiva del tiempo", dijo. Acto seguido apuntó: "Si es cierto eso que la empresa tendrá unos beneficios de 350 millones de euros, a los grupos les está faltando tiempo para ir a los tribunales para poner una denuncia".

Además, el gobierno municipal incidió en que la cuantía que obtendrá el Ayuntamiento por el traspaso de la gestión (80,1 millones de euros) servirán para afrontar la deuda. Al respecto, la alcaldesa, María José García-Pelayo, comentó: "Necesitamos quitar deuda porque de no hacerlo esta ciudad no levantará cabeza". En cambio, los grupos de la oposición recordaron que algo más de 30 de los 80 millones que el Consistorio ingresará de la operación irán destinados a liquidar un préstamo que Ajemsa tiene con Unicaja para pagar el canon por la gestión de las infraestructuras hidráulicas.