Al inicio de la crisis económica, la atención mediática recayó de inmediato sobre el derrumbe del sistema hipotecario. Los impagos de la mensualidad se fueron haciendo cada vez más comunes y los afectados, la mayoría familias azotadas por el paro, se vieron de un día para otro sin un techo. Sin embargo, según las últimas cifras publicadas por el Consejo General del Poder Judicial, la mayoría de desalojos realizados en la segunda etapa de la crisis son causados por el impago del alquiler, el 55%, frente a los desalojos hipotecarios, el 44%, aunque en el debate público estos últimos son protagonistas.

El profesor de Derecho de la Contratación de la Universidad de Cádiz (UCA) Eduardo Corral explica que "no hay herramientas para parar un desahucio de alquiler porque se aplica la ley general, que favorece siempre al acreedor". En cambio, las diversas reformas aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, entre las que se encuentran el Código de Buenas Prácticas Bancarias y el catálogo de condiciones sociales que impedirían el desahucio hipotecario han supuesto un refuerzo para los particulares a la hora de presionar para obtener mejores condiciones. Por ejemplo, si en el núcleo familiar se encuentra un menor de dos años y no existe alternativa habitacional -un nuevo domicilio al que acudir- el desahucio queda paralizado. "Esto se hace porque legalmente se entiende que el banco es una institución que ya tiene de por sí la sartén por el mango y la ley se preocupa de igualar un poco las condiciones de las partes, pero en el caso del alquiler ambos son particulares y simplemente se aplica un principio general: obligar a pagar a quien se comprometió".

Por estar de alquiler, los vecinos de las VPO de titularidad privada cuyo caso se dio a conocer hace unas semanas no se han podido beneficiar de la norma que impide que los menores de dos años se queden sin casa. "El problema de vivienda que existe en Jerez es profundo. El objetivo es trabajar para ofrecer una alternativa habitacional pública, que en Jerez es muy pequeña. Es necesario dotar de herramientas a quien se ve en esa dura situación. Con el parque de vivienda pública actual se podría hacer más, pero de ninguna forma es suficiente para atajar el problema", señala Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz de IU en el Consistorio.

Otro de los frentes en los que se mueve el Ayuntamiento es la asesoría que pueda prestar la Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH). Este servicio, puesto en marcha por el gobierno de García-Pelayo aunque reformado por el ejecutivo actual, presta un apoyo legal a quien acuda en riesgo de ser desalojado. El objetivo es sentar en una mesa a la entidad que puede ejecutar la garantía hipotecaria y quedarse con la casa, es decir, las entidades bancarias. "Se ha atendido y se atiende a quien tiene también un problema con el alquiler", explica el popular Agustín Muñoz, ex delegado de Urbanismo. "Lo importante es ayudar, pero el margen es corto mientras el Gobierno andaluz no apruebe un nuevo Plan de Vivienda, que se lleva atrasando varios años. Muchas ayudas a inquilinos se tramitaban a través de Emuvijesa con las condiciones de reparto de la Junta, que a su vez recibía parte de sus fondos para este destino del Gobierno central". En total, los jerezanos recibieron "algo más de 100.000 euros" para satisfacer sus deudas de arrendamiento entre 2011 y 2015.

El parque actual de viviendas de emergencia social "no es atractivo, porque hay casas que cuestan 400 ó 500 euros que las personas en esa situación no pueden pagar", señala el concejal del PP. En este sentido, la actual delegada de Bienestar Social, Carmen Collado, señala que "estamos negociando para que las viviendas públicas que llevan incorporadas previamente el contrato de hipoteca se renegocien para bajar la mensualidad. Si en lugar de pagar esa casa en 15 años se consigue alargar hasta los 25, las mensualidades serán más asequibles, pero todo ello entendiendo que están al valor de los tiempos de la burbuja y que es un problema de difícil solución". En esta situación se encuentran varias decenas de casas vacías a las que el Ayuntamiento no ha encontrado destino. "Es que no se pueden ofrecer por menos de la mensualidad hipotecaria, no es posible", remacha Collado.

El activista, abogado y miembro de Ganemos, Ismael Gil, que sin ser concejal representa al partido en el consejo de Emuvijesa, explica que "lo fundamental es la función social de la vivienda, de Justicia". A pesar de que existen casos de personas que acceden a un alquiler a sabiendas de que no podrán pagar y que acumulan varios desalojos, "ni mucho menos es una epidemia, son casos aislados de personas sin recursos". Ganemos parte de la base de que "está bien que existan inspecciones para comprobar que quien no paga sea porque no puede", pero que cuando se trate de emergencia social se deben llevar a cabo políticas que pongan en mejor posición al deudor, porque a raíz de la aprobación por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero del 'desahucio exprés' "el margen temporal para ganar fuerza antes de ejecutar es muy corto". A propuesta de IU, al inicio del mandato el pleno aprobó unánimemente un paquete de 22 medidas para frenar los desahucios. Pero las herramientas, como señalaba el profesor Corral, son escasas y el Ayuntamiento cuenta con poco margen más allá de mediar o construir. Una realidad que para los inquilinos es difícil de digerir.