La historia vuelve a repetirse. Un proyecto ilusionante que nació con todos los parabienes y que tenía asegurada su financiación con el maná europeo ha acabado durmiendo el sueño de los justos. Este viernes se hacía oficial que el sendero fluvial por el entorno del río Guadalete no se ejecutará con los fondos europeos adscritos a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz, una bolsa millonaria de euros destinados a cambiar el modelo económico de la provincia.  

Hace poco más de un año, ocurrió lo mismo con el centro de innovación del motor, un vivero de empresas que pretendía construirse en el entorno del circuito y que también se acabó cayendo de la ITI porque no daba tiempo a su ejecución. Y para refrendar el paralelismo, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez, declarados enemigos íntimos desde que el PSOE se vio obligado a abandonar el Palacio de San Telmo, se culpan mutuamente del malogrado final de ambos proyectos. 

La administración autonómica le reprocha al Ayuntamiento que no haya realizado su parte del acuerdo ya que no ha garantizado aún la disponibilidad de los suelos por donde debía discurrir el sendero. En cambio, el gobierno municipal, tras negar la mayor, habla de “intereses políticos” y de “castigo a Jerez” tras esta decisión. 

Pero, ¿qué ha pasado con el sendero del Guadalete para que pase al cajón de los proyectos fallidos? Ahondemos en la explicación oficial.  

Este medio ha tenido acceso al informe técnico que se mostró el pasado viernes a los integrantes de la comisión de participación de la ITI (donde están representadas instituciones y colectivos sociales de la provincia) en el que se justificaba la decisión adoptada sobre el sendero. Un cúmulo de “dificultades”, tal y como se apunta en el escrito, fue retrasando los distintos pasos administrativos que debían darse para llegar a este momento. Estos fondos europeos están regidos por una normativa rigurosa que obliga a que la actuación esté acabada a finales de 2022.  

La decisión de descartar este proyecto se justifica por la Junta en cuatro puntos: no se tienen la totalidad de los suelos “ni hay un horizonte claro de obtención completa”; no se ha suscrito un convenio entre la Junta y el Ayuntamiento para ejecutar esta actuación; se necesita la aprobación del plan especial del entorno del río Guadalete para dar cobertura legal a la obra; y hay advertencias técnicas de que no se pueden licitar las obras mientras el organismo autonómico no sea el titular de los suelos. 

Un proyecto que ya no era el originario 

Para empezar, el proyecto que pretendía ejecutarse ya no era el que en un principio se pensó. Ya no era aquel sendero que iba a unir el puente de La Cartuja en Jerez con el Caño del Molino de El Puerto con un recorrido cicloturista de unos 16 kilómetros de longitud. La falta de acuerdo con la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Bajo Guadalete, que debía ceder un tramo del sendero proyectado, acabó provocando que en mayo del año pasado se decidiera descartar la ejecución de este proyecto en el término municipal portuense.     

Este cambio no fue baladí ya que provocó que, de manera oficial se tuviera que establecer una nueva orden de inicio de la actuación para justificarla ante la Unión Europea. Además, hubo que cambiar el convenio que debían firmar la Junta y los ayuntamientos de Jerez y El Puerto para acometer la actuación.  

Ante esto, los esfuerzos se centraron en salvar, al menos, el tramo jerezano, reduciéndose por tanto la longitud del nuevo sendero (unos 12 kilómetros) y la inversión prevista (unos 2,2 millones). Pero, para ello, era fundamental tener cuanto antes los terrenos pues hay tramos que son propiedad de otras administraciones públicas como Adif, la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias del país, o de instituciones como el Obispado de Jerez. Con la Diócesis se suscribió el acuerdo en diciembre del año pasado, donde las dos administraciones ahora enfrentadas se dieron la mano teniendo como testigo al nuevo obispo de Las Palmas y administrador apostólico de Asidonia-Jerez, José Mazuelos.  

Pero el problema estaba con Adif, que debía ceder el tramo de la antigua vía del tren que discurría por la barriada de El Portal. A finales de marzo, el Ayuntamiento comunicaba a la Junta que estaba teniendo “dificultades” con el administrador ferroviario para obtener los suelos. Ahora bien, el gobierno local asegura que el 2 de abril le envió otro escrito donde le comunicaba que ya estaban a su disposición todos los suelos, incluidos los de Adif.  

El informe de la Junta, fechado a finales de junio, no hace mención de esta comunicación del Consistorio, sino que señala que propuso que se hiciera un itinerario alternativo para tratar de solventar el impedimento del tramo de El Portal. Sin embargo, el organismo autonómico lo descartó alegando que esta propuesta incumplía tanto el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jerez como el plan especial del río Guadalete que estaba redactando. Por ello, le conminaba a “intensificar” los esfuerzos en la negociación con Adif o buscar “alternativas coherentes con la planificación vigente”. 

Embarcación de una empresa de paseos fluviales ubicada en La Corta.

La obligación de aprobar el plan especial del Guadalete

Ahora bien, según el relato de este informe de la Junta, al descartarse el tramo de El Puerto conllevaba otro contratiempo. El organismo autonómico tenía competencias para hacerlo en el tramo portuense ya que todo el término municipal de la ciudad vecina está bajo el paraguas del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, un documento urbanístico que establece las líneas de crecimiento de esta parte de la provincia. En cambio, Jerez está fuera de esta planificación supramunicipal, de ahí que el organismo autonómico tuviera que ponerse las pilas para sacar adelante el documento urbanístico que le permitiera tener competencia para actuar en estos suelos.  

Para ello, se recurrió a tratar de acelerar la tramitación del plan especial del entorno del río Guadalete, un texto que establece las líneas a seguir para la ordenación de este espacio ribereño y que empezó a redactarse en 2017. El plan se aprobó de manera inicial el pasado mes de mayo y el 20 de julio culminó el periodo de exposición pública. Ahora, el organismo regional tendrán que analizar las alegaciones, darle respuesta y solicitar los informes sectoriales necesarios. Si no hay contratiempos, el documento no podrá entrar en vigor hasta, al menos, julio de 2021.  

Eso sí, durante este tiempo surgió otro inconveniente administrativo más. En un principio, este proyecto estaba en manos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Así, tanto el departamento jurídico como la intervención no exigían que los terrenos fueran de titularidad de la Junta para acometer la actuación, lo que facilitaba los trámites para cumplir con los plazos. Sin embargo, con la reestructuración de consejerías realizada por el actual ejecutivo andaluz, la dirección de la ITI pasó a la Consejería de Fomento, y tanto la asesoría jurídica como la intervención mostraron sus dudas sobre la posibilidad de que la Junta pudiera licitar las obras sin tener la titularidad efectiva de los suelos. Y, a día de hoy, asegura que sigue sin poder acceder a los suelos de Adif en El Portal.  

También acabó repercutiendo la actual crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. En abril, la Junta de Andalucía comunicaba a sus distintos departamentos que debían ser especialmente escrupulosos con el cumplimiento de los plazos vinculados a los fondos europeos, sobre todo para evitar futuras devoluciones que perjudicaran a la situación financiera del organismo autonómico. Ahora bien, por esas fechas, el organismo autonómico ya tenía listos los documentos necesarios para licitar las obras.

Los cálculos de la Junta

Ante este panorama, los responsables de proyectos de la Junta echaron cuentas. Así, se vio que el plan especial no estaría hasta julio del año próximo y que el convenio no podía firmarse aún con el Ayuntamiento ya que seguía sin estar garantizada la cesión de los suelos de Adif. Por lo tanto, no sería hasta mediados del año próximo, si no surgían nuevos contratiempos, cuando tendría todas las garantías legales para iniciar la licitación de las obras, un trámite que tardaría unos seis meses. Por lo tanto, no sería hasta 2022 cuando podrían empezar las obras.  

Y, según el proyecto (el Ayuntamiento sostiene que el organismo autonómico no lo tiene redactado aún), la Junta estima que las obras se alargarían durante, al menos, 12 meses. Por lo tanto, el sendero no estaría listo hasta ya entrado 2023. Sin embargo, la ITI obliga a que todas las inversiones estén finalizadas en diciembre de 2022 por lo que se corría el riesgo de que, cuando se fuera a Europa a justificar el dinero invertido con estos fondos, se exigiera la devolución de las cuantías por no cumplir con los plazos. Además, se alertaba de que ya no había margen para nuevos contratiempos.  

De este modo, el centro directivo de estos fondos proponía que el proyecto se cayera de la ITI, una decisión que fue ratificada por la Consejería de Fomento y comunicada a la comisión de participación de estos fondos el pasado viernes.  Ahora queda esperar si la Junta cumple en próximos presupuestos con su compromiso de buscar fondos alternativos para acometer esta actuación.