Informes de la Intervención Municipal, de la Dirección del Servicio Económico Financiero, de Gestión Tributaria, del Servicio de Medio Ambiente, de Patrimonio, ... Esa es la defensa planteada por el gobierno local en las alegaciones presentadas al informe del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto municipal de este año, que aún no puede entrar en vigor hasta que las administraciones central y local alcancen un acuerdo. En cada uno de los apartados de su ámbito competencial, los máximos responsables técnicos de estos departamentos municipales explican las previsiones realizadas tras las advertencias realizadas por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Por el momento, la única concesión que se ha realizado es que adoptarán nuevas medidas para tratar de mejorar algunos aspectos de la recaudación. En el resto, en cambio, el ejecutivo no mueve ficha al entender que no es necesario recorte alguno.

El hilo argumental de las alegaciones presentadas anteayer a Hacienda es que las cifras del presupuesto son reales y están basadas en cálculos realizados mediante criterios técnicos adecuados. Frente a las críticas del Ministerio, que censura tanto el incremento de los ingresos como de los gastos, el ejecutivo local sostiene que el aumento del presupuesto se debe a partidas de carácter extraordinario —como el pago de indemnizaciones del ERE ejecutado en el Ayuntamiento en 2012 o la mejora de los ingresos por la actividad urbanística— pero que los créditos habituales, especialmente los gastos de retribuciones de personal y de funcionamiento del Ayuntamiento, se han reducido en los dos últimos ejercicios cumpliendo así con el plan de ajuste. Para atestiguarlo, se aferra a la mejora de algunas magnitudes contables como el remanente de tesorería (marca la capacidad de afrontar sus pagos) que, aunque sigue siendo negativo, se ha reducido notablemente pasando de los 153 a 91,6 millones. También alude a que se prevé una notable reducción de las facturas en el cajón, es decir, aquellas obligaciones que no tienen consignación presupuestaria, tras una revisión de cada una de ellas dejando su importe total a la mitad —de los 100 millones oficiales se pasará a unos 53 millones al detectarse obligaciones prescritas, caducadas o que no se pueden reconocer porque no cumplen los requisitos—.

En el capítulo de personal, y basándose en un informe elaborado ex profeso por la Intervención Municipal, el ejecutivo sostiene que se comprometió con Hacienda a reducir los costes de la plantilla “en actuaciones como reducción del complemento de productividad y de los complementos salariales, reducción de las gratificaciones, jubilaciones y reducción de las cotizaciones de personal funcionario”. Y esta medida, a su juicio, se está cumpliendo puesto que de los 81,3 millones que costaba la nómina municipal en 2015 se ha pasado a 75,3 millones. Distinto es, siguiendo con el argumento presentado ante Hacienda, que el capítulo de personal se haya visto incrementado por hechos extraordinarios como las indemnizaciones del ERE, la convocatoria de un concurso público para ampliar el número de funcionarios del Ayuntamiento o el “imprevisto” de las sentencias que obliga a incorporar a la nómina municipal a los integrantes de la banda de música. Eso sí, el gobierno entiende que su compromiso se está cumpliendo.

El mismo argumento utiliza para hacer frente a las críticas de Hacienda a los criterios de cálculo de los ingresos por algunos tributos. Para ello, razona que hay que dejar a un lado los ingresos urbanísticos y las subvenciones para intervenciones concretas (finalistas) que este año tendrán un aumento por su carácter extraordinario. En cambio, sostiene que las entradas monetarias habituales —caso de los impuestos— tienen una crecida “adecuada” y están basados en informes del Servicio de Gestión Tributaria por lo que, “en ningún caso, son importes incluidos al azar ni de forma ocurrente y sin fundamento”.

La única concesión que se realiza es que en el informe del Servicio de Gestión Tributaria se incluyen medidas para mejorar la recaudación tanto “en periodo voluntario y ejecutivo” —estas no se especifican en la información hecha pública en el portal de transparencia del Ayuntamiento—.