En lo que va de año el Ayuntamiento jerezano ha obtenido unos 8,9 millones de euros en concepto de plusvalía, el impuesto que grava las transmisiones de propiedad (su nombre oficial es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos). El importe, que corresponde a derechos de cobro (derechos reconocidos), está por debajo de las estimaciones recogidas en el presupuesto municipal de este año, que contempló unos 11,5 millones de euros.

Este es el dato hecho público por el gobierno en un avance del estado de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento hasta el pasado día 15 de diciembre. Ahora bien, no es el importe que se haya ingresado ya en la caja municipal sino que son los derechos de cobro que ya tiene el Ayuntamiento. Eso sí, en el avance presupuestario hecho público por el Ayuntamiento, no se apunta el importe cobrado. Además, hay que tener en cuenta que esta cifra puede incrementarse en sucesivos avances de ejecución presupuestario puesto que, claro está, aún no ha acabado el ejercicio y, por ende, no se ha procedido a realizar la liquidación definitiva. 

Las previsiones hechas para este tributo por parte del ejecutivo municipal en el presupuesto municipal de este año, que aprobó en verano, fueron cuestionadas por el Ministerio de Hacienda al considerar que no estaban justificadas. En sus informes sobre la previsión de ingresos y gastos del Consistorio, la administración central incidió en que la plusvalía no tiene un padrón cobratorio, sino que son unos ingresos que están condicionados por el “ciclo económico”, de ahí que exigiera que se aplicara un “criterio de caja” en su previsión.

Por ello, obligó al Ayuntamiento a establecer como cálculo la recaudación media de los tres años anteriores. Esto propició que, tras los cálculos realizados por la Intervención Municipal, de los 11,5 millones presupuestados inicialmente se declararan no disponibles unos 3,6 millones, unos importes que podrán ser utilizados por el Consistorio conforme se vayan obteniendo estos derechos.

Se da la circunstancia de que 2019 fue un año especialmente bueno para este tributo pues desde 2015 no se habían vuelto a superar los 11 millones de euros recaudados. Previamente, en 2017, el Ayuntamiento liquidó derechos por un importe que rondó los 10,2 millones y en 2018, los 9,2 millones. En cambio, en caja ingresó 9,4 y 8 millones respectivamente, según los datos que se aportaron al Ministerio de Hacienda.

Las previsiones que marcó el Ayuntamiento eran similares a los derechos de cobro que tuvo en 2019 por esta vía (unos 11,4 millones, según el avance de ejecución del presupuesto del pasado ejercicio). En cambio, el Ministerio le afeó este criterio incidiéndole en que debe fijarse en lo que realmente ingresó en caja en los últimos años para evitar que haya un desajuste en la tesorería municipal al gastarse unos importes que finalmente no se obtengan.

En 2017, una sentencia del Tribunal Constitucional cambió el sistema que regía este tributo municipal que reporta importantes ingresos para las entidades locales. Aquel fallo, promovido precisamente por un caso ocurrido con una promotora en Jerez, provocó que se prohibiera aplicar ese tributo en aquellas transacciones donde haya una pérdida patrimonial para el adquiriente. Esto provocó que numerosas ventas o viviendas recibidas en herencia dejaran de tributar por este concepto. A pesar de ello, y debido a una mejora de la situación del sector de la construcción en los últimos años, el impacto de este pronunciamiento del Constitucional se ha minimizado.

El IAE cumple con las previsiones

Según el avance de ejecución presupuestaria a 15 de diciembre, el Ayuntamiento está próximo a cumplir con las previsiones de ingresos que tenía para el Impuesto de Actividades Económicas, el tributo que se grava a aquellas empresas que tiene una facturación superior al millón de euros. Así, ya se han superado los 10 millones de euros en derechos de cobro por lo que se está cerca de alcanzar los 10,4 millones presupuestados. 

El importe obtenido hasta el momento es sensiblemente superior al obtenido el año pasado, donde se contabilizaron unos 9,9 millones por este tributo, una cifra que está pendiente de cerrarse una vez se presente la liquidación de ese ejercicio. 

Ahora bien, está lejos de los 12,8 millones de euros que ingresó el Ayuntamiento jerezano en 2018. En aquel año, se contrató a una empresa que se encargó de investigar fraudes en este tributo, una decisión que propició un notable aumento de la recaudación por este concepto.