El Ayuntamiento de Jerez lleva casi dos años tratando de sacar adelante el nuevo contrato de mantenimiento de las señales de control de tráfico de la ciudad. El procedimiento se está alargando en exceso ya que se ha tenido que suspender cautelarmente hasta en dos ocasiones tras dos recursos presentados por una de las aspirantes, cuya oferta quedó excluida. A día de hoy, se está a la espera de una nueva valoración técnica de las dos propuestas presentadas antes de que se pueda proceder a su adjudicación.  

Todo comenzó en mayo de 2020 cuando el Ayuntamiento sacó a licitación el servicio de conservación, mantenimiento e instalaciones de diversos elementos de regulación y control del tráfico en Jerez. El Ayuntamiento ofrece que esta prestación se realice por un periodo de tres años (el servicio debería haberse iniciado en julio del año pasado) por un coste de algo más de 3,1 millones de euros.  

El periodo de presentación de ofertas se inició el 13 de mayo de 2020. Sin embargo, el Ayuntamiento modificó el pliego que regula esta concesión hasta en dos ocasiones durante las siguientes semanas alegando “errores materiales”. Así, en primer lugar, hizo cambios en el método para el cálculo del valor del contrato. Poco después también tuvo que hacer una rectificación sobre los trabajadores que debía asumir la futura concesionaria.  

Días más tarde de esta segunda modificación, una de las aspirantes, concretamente por la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por las firmas Eysa (Estacionamiento y Servicios SAU) y Aluvisa (Alumbrados Viarios SA), presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz, un órgano que semanas más tarde decretó la suspensión cautelar del procedimiento. 

Finalmente, en agosto de ese año se pronunció el tribunal decretando la anulación de una de las cláusulas del pliego de condiciones que regula la adjudicación relacionada con la acreditación de la solvencia de las empresas concurrentes y ordenando la apertura de un nuevo plazo de presentación de ofertas.  

Tras esto, la mesa de contratación se reunió en varias ocasiones entre los meses de noviembre de 2020 y marzo del año pasado para valorar las dos únicas ofertas que se presentaron a la licitación. Así, habían mostrado su predisposición a prestar el servicio no solo la UTE conformada por Eysa y Aluvisa sino también la actual adjudicataria, la firma Sice (Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas SA). Sin embargo, la primera fue excluida ya que, según los informes técnicos, su oferta no cubría el coste de la totalidad del personal que debía subrogar. Así, la empresa planteó ante el Ayuntamiento que dos de los empleados no tuvieran exclusividad en la prestación de este servicio, al que se dedicarían de manera parcial. Además, también se cuestionaron algunas de las propuestas de mejora del servicio planteadas para obtener una mayor puntuación en la baremación.  

Una adjudicación anulada por el Tribunal de Recursos Contractuales

De este modo, en abril del pasado año, la junta de gobierno local aprobó la adjudicación de este servicio a la firma Sice. Sin embargo, la otra empresa presentó un nuevo recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación, pero este órgano acabó remitiendo el expediente al Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía al señalar que no era competente para su resolución. Ante esto, se decretó una nueva suspensión cautelar del procedimiento.  

En su reclamación ante el tribunal, la empresa que quedó fuera alegó que para su exclusión se le había aplicado el pliego de condiciones ya modificado, cuando el Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación había decretado que el procedimiento debía retrotraerse al inicio de la contratación y, por ende, debía regirse por las reglas aprobadas al inicio de la licitación.  

La licitación del servicio de mantenimiento de señales de tráfico se inició en mayo de 2020.

La resolución del Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía no llegó hasta mediados de noviembre del año pasado (el gobierno municipal cargó semanas atrás precisamente contra este órgano por el retraso en el pronunciamiento). En ella, determinó que no se debería haber excluido a la empresa contratante por el motivo alegado dado que el cambio en el pliego se hizo con posterioridad al inicio del periodo de presentación de ofertas. De hecho, este órgano le afea al Ayuntamiento que generara una “confusión” con las modificaciones realizadas en los pliegos que regulan la contratación, de ahí que determinara que la exclusión de la oferta de Eysa y Aluvisa atentó contra los “principios generales de igualdad, concurrencia y seguridad jurídica”.  

Por este motivo, ordenó la anulación de la exclusión de esta firma, así como de la adjudicación realizada a Sice, determinando, además, que el procedimiento debía retrotraerse al momento de valoración de las ofertas.  

Ante esto, el pasado mes de diciembre, la junta de gobierno local acató esta resolución y retomó el procedimiento. Así, en los dos últimos meses se ha procedido a pedir nuevos informes para valorar técnicamente ambas propuestas por lo que se está a la espera de estos para proceder a la adjudicación.