La titular del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, que instruye los procesos concursales de las bodegas de Grupo Garvey, ha solicitado a los actuales propietarios de Nueva Rumasa -la sociedad Back in Business vinculada al empresario valenciano Ángel de Cabo- que subsane las deficiencias observadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados para la reducción de más de la mitad de la plantilla, cerca de noventa trabajadores.

En cuatro providencias, una por cada uno de los expedientes que afectan a las bodegas Complejo Bodeguero Bellavista, Zoilo Ruiz-Mateos y Teresa Valdivia, la juez Nuria Orellana requiere a los compradores del entramado empresarial antes propiedad de la familia Ruiz-Mateos documentación adicional, entre la que destaca la solicitud de una memoria explicativa de las causas del despido propuesto para cerca de noventa trabajadores de las cuatro bodegas de Nueva Rumasa en el Marco de Jerez, indicaron fuentes judiciales.

Pese a la urgencia con la que el director general de la división de Alimentación y Bebidas de Nueva Rumasa, Fernando Lavernia, anunció en su hasta ahora única comparecencia en Jerez -a finales de enero- que se abordaría el plan de sostenibilidad, en el que se incluyen el recorte de plantilla para ajustarla a las necesidades actuales de producción y la concentración de la actividad bodeguera, el proceso se ha visto demorado tanto por la imposibilidad de plantear un ERE unitario como pretendió Back in Business en un principio como por el último requerimiento judicial de ampliar la documentación presentada, que Back in Business podría tardar algún tiempo en reunir.

Entre otras aclaraciones, y al margen de la memoria explicativa, la juez de lo Mercantil de Cádiz también pide a los nuevos propietarios de Nueva Rumasa que aporten un listado completo de todos los trabajadores actualmente en plantilla y sus categorías profesionales, así como que se señale a los afectados por los despidos propuestos en los expedientes, indicaron las mismas fuentes.

Una vez se subsanen las deficiencias observadas, la juez podrá decretar la apertura del periodo de consultas de los ERE, requisito sin el que los administradores concursales y la plantilla anunciaron la víspera que no se sentarán a negociar con los actuales propietarios de Nueva Rumasa.