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Hoy se aprueba en pleno la nueva tasa de basuras de Jerez

Las nuevas tarifas no irán vinculadas al consumo de agua sino que su cálculo estará basado en el valor catastral y los metros cuadrados de la vivienda

La futura ordenanza ya se aprobó en un pleno de julio y ahora se rechazará la única alegación que se ha presentado

Estas son las nuevas tasas de basura que se aplicarán en Jerez a partir del 1 de enero de 2026

Un camión del servicio de recogida de residuos en Jerez, en la planta de tratamiento de Las Calandrias. / Manuel Aranda

La corporación municipal celebra en la mañana de este viernes una sesión de pleno en la que, entre otros asuntos, se aprobará de manera definitiva las nuevas tarifas por la recogida y tratamiento de basuras que entrarán en vigor el próximo 1 de enero. Así, el cálculo por la prestación de este servicio, que los contribuyentes abonan en la actualidad a través del recibo del agua —aunque dejarán de hacerlo mediante esta vía a partir del año próximo— no estará basado en el consumo de agua sino en el valor catastral o los metros cuadrados del inmueble.

La nueva ordenanza fiscal, que sustituirá a la aún vigente, ya fue aprobada de manera inicial en un pleno celebrado a finales de julio. Entonces, contó únicamente, aunque suficiente, con el voto favorable del gobierno del PP. Mientras, PSOE, Vox y La Confluencia votaron en contra y no es previsible que vayan a cambiar el sentido del voto en esta nueva votación.

En la sesión de esta mañana se rechazará la única alegación presentada a la nueva ordenanza, presentada por el Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez. Y, tras esto, el acuerdo se deberá publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para que entre en vigor. En paralelo, el gobierno municipal ya ha anunciado que iniciará una campaña de información sobre los nuevos detalles de la tasa al modificarse el sistema de pago al desvincularse del recibo del agua.

Un cambio por normativa europea

La modificación de la ordenanza es de obligado cumplimiento para todos los ayuntamientos por una normativa de la Unión Europea basada en el conocido lema de ‘quien contamina, paga’. Así, en 2018 la Unión Europea advirtió a España de que no estaba cumpliendo con el establecimiento de tasas para cubrir los costes de la generación de residuos, de ahí que en 2022 el Gobierno central aprobara una ley donde ordenaba a los ayuntamientos a revisar sus ordenanzas fiscales en un plazo de tres años implantando un sistema fiscal basado en los residuos y la cobertura total del coste del servicio.

Finalmente, y teniendo en cuenta un documento elaborado por el Ministerio de Hacienda en colaboración con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), el Ayuntamiento ha decidido modificar la tasa mediante un “sistema elemental” basado en criterios como es el valor catastral o los metros cuadrados de la vivienda, una de las alternativas que se ofrece, aunque se reconoce que en posteriores fases se podrá avanzar en establecer las tarifas en función de cálculos basados en la generación real de residuos por contribuyente.

Con este cambio, se estima que se cubra el 87% del coste total del servicio, cifrado en más de 25,4 millones de euros —actualmente se sitúa en un 60%, según la estimación municipal apuntada meses atrás—.

Las alegaciones de Observatorio Ciudadano

El Observatorio Ciudadano Municipal, una iniciativa de carácter ciudadano centrada en la fiscalización de la gestión municipal, fue el único que presentó alegaciones a la nueva ordenanza. En ella, demanda revisar la estructura de tarifas incluyendo criterios adicionales para el cálculo dado que no están vinculadas al comportamiento ambiental del contribuyente, alerta de la ausencia de una “estrategia” para el desarrollo de la recogida de residuos separada al implantarse el nuevo contenedor marrón (solo orgánicos) y considera que las bonificaciones ambientales previstas en la ordenanza son "insuficientes, poco definidas y sin mecanismos claros de acceso”. Incluso, cuestiona el sistema de financiación de los contenedores marrones al haberse realizado con fondos municipales y no con ingresos procedentes de la tasa.

La Delegación de Economía, en su informe sobre el rechazo de las alegaciones, justifica el sistema elegido dado que, por un lado, es de las alternativas permitidas por el Ministerio de Hacienda y, por otro, la "ausencia actual de tecnología y financiación adecuada" para aplicar otro, aunque no se renuncie a ello en futuros años. Asimismo, sostiene que algunas de sus peticiones trascienden a la función de una ordenanza fiscal.

Informe favorable del Consejo Social, pero con “consideraciones”

Al igual que en cualquier modificación de ordenanzas fiscales, el Consejo Social de la Ciudad emitió un informe de carácter favorable a la modificación, aunque con “consideraciones” firmado el pasado 21 de julio, días antes de que se aprobara la ordenanza de manera inicial. Entre ellas, advierte de que una “falta de conexión” entre los fines previstos en la normativa que establece el cambio de ordenanza fiscal y la tasa, que debe estar basada en la generación de residuos.

Asimismo, señala que las nuevas bonificaciones previstas están “suspendidas hasta mientras tanto o se disponga de los medios técnicos y materiales necesarios para su implantación”. Y demandan también ampliar el número de tramos para “garantizar su justa distribución entre la ciudadanía” y que no se limite a un solo criterio la cuota de recogida.

Finalmente, demanda medidas par “premiar el uso responsable con respecto al reciclaje, ampliar el abanico de bonificaciones y sintetizar el procedimiento de acceso a las mismas” y la “realización de un estudio piloto por barrios para analizar los desajustes de la ordenanza”.

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