El PSOE lleva al interventor municipal de Jerez a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas

El PSOE de Jerez ha presentado un escrito de denuncia contra el interventor municipal, José María Almenara, ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas. La formación considera que pudo haber "infracciones" en el informe que el alto funcionario municipal elaboró para la modificación presupuestaria que se aprobó el pasado lunes en pleno, de ahí que inste tanto al ministerio público como al organismo fiscalizador —también ha presentado un tercer documento ante el Ministerio de Hacienda— para que analice si se ha incumplido la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con su visto bueno a la propuesta.

Horas después de conocerse la denuncia, tanto el gobierno municipal como el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Provincia (Cosital) salieron a defender al funcionario municipal destacando su trayectoria y defendiendo la legalidad del procedimiento.

La denuncia parte del cambio presupuestario que se aprobó el pasado lunes en el pleno —contó con el voto a favor del PP, la abstención de Vox y el posicionamiento en contra de PSOE y La Confluencia— donde se decidió el destino de buena parte del remanente de tesorería de la liquidación económica del pasado año, concretamente unos 17,2 de los 22,5 millones. De este importe, unos 5,1 millones se destinarán a gastos tales como actuaciones y obras municipales (unos 2,2 millones), transferencias a las empresas y fundaciones municipales (otros 2,2 millones) y a subvenciones a asociaciones locales (unos 563.000 euros aproximadamente). Mientras, el grueso del remanente se destinará mayormente a dotar de crédito a pagos de intereses de demora de préstamos ya abonados (unos 11 millones) y a amortizaciones de dos créditos (unos 271.000 euros).

La controversia radica en que el PSOE considera que la ley establece que todo este dinero se debe destinar a pagar deuda y reducir pagos no presupuestados —las denominadas OPA (Operación Pendiente de Aplicar al Presupuesto) o facturas en el cajón, como se le llaman políticamente—. En cambio, la propuesta salió adelante en el pleno del pasado lunes con un informe del interventor donde, entre otras apreciaciones, señala que, aunque incidía en recomendar que todo este importe se destine para estos fines, "no resulta exigible legalmente" que todo este importe se destine a reducir las facturas en el cajón. Ya este asunto se abordó en el pleno donde el alto funcionario intervino para exigir respeto a su "honorabilidad" tras las críticas que la bancada socialista realizó a su trabajo durante la sesión.

Tras esto, los socialistas han decidido elevar aún más el tono contra el alto funcionario, al que han cuestionado en varias ocasiones desde su llegada al Consistorio en 2023. El secretario y portavoz local de la formación, José Antonio Díaz, justificó la decisión de presentar la denuncia ante las tres instituciones en su pretensión de "defender la legalidad". Eso sí, los escritos presentados están dirigidos únicamente contra el alto funcionario, pero no contra ningún miembro del gobierno municipal, al menos por ahora.

Para Díaz, el funcionario municipal debería haber informado en contra de la modificación presupuestaria al considerar que la ley "es clara" en el destino que deben tener los remanentes de tesorería. De hecho, le reprochó al ejecutivo que presentara esta propuesta escasos días después de que entrara en vigor el presupuesto municipal que ahora se modifica. "¿Por qué no se metió en el presupuesto si es tan importante? ¿Sería porque, si se metieran, no se podría aprobar el presupuesto porque no se cumpliría con las reglas fiscales?, se preguntó.

En este sentido, Díaz mostró su convencimiento de que lo ocurrido "no es un error administrativo sino que todo estaba premeditado". "Destinar el remanente para gastos como la compra de caramelos u otras cosas no está ajustado a la legalidad porque el Ayuntamiento de Jerez está sometido a un plan de ajuste, tiene una deuda de 963 millones y están vigentes las reglas fiscales", sentenció.

A juicio del edil, el funcionario municipal debería haber elaborado un "informe de reparo" sobre la propuesta presentada por el ejecutivo, de ahí que considere que pudo haber algún tipo de "infracción" o "irregularidad" en su pronunciamiento sobre el expediente llevado a pleno. Incluso, le reprocha que no atendiera la petición hecha previamente por su partido de que hiciera una consulta previa al Ministerio de Hacienda sobre el destino de este importe. "Hay que hacer las cosas bien y no poner en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento", concluyó.