La lucha vecinal contra el cobro "ilegal" de vados da un nuevo paso
La plataforma provincial cita hoy, en el centro social de La Granja, a los vecinos afectados por esta tasa "indiscriminada" para informarles cómo recurrirla
La lucha vecinal contra el cobro "indiscriminado e ilegal" de los vados continúa hoy con una cita importante en el centro social de La Granja. Desde hace años distintas asociaciones de vecinos de la ciudad -la federación Solidaridad, La Marquesa y El Pinar-La Pita- vienen denunciando el pago de esta tasa "de forma arbitraria y sin sentido" y siguiendo un procedimiento "irregular", por lo que se han unido a la plataforma provincial de vados "para defender los derechos de los ciudadanos, ya que tenemos unas instituciones que sólo exprimen al contribuyente".
Uno de los portavoces de la plataforma, José Salas, declaró ayer que en Jerez "podría haber unos 15.000 expedientes abiertos", por lo que hace un llamamiento a los afectados para que asistan a la cita y se informen de cómo recurrir este cobro.
La plataforma pone como ejemplo una sentencia judicial de un vecino de Sanlúcar en la que el juez da la razón al afectado, obligando a las administraciones a devolver el dinero que previamente había recaudado. "En ningún caso pueden venir al domicilio y levantando una cámara hacer fotografías del interior de la casa", relató Salas, haciendo alusión a las denuncias vecinales de cómo se había procedido desde Diputación la recogida de documentación para reclamar el pago del vado, una tasa que se ha llegado a cobrar con cuatro años retroactivos. "La sentencia a favor del vecino de Sanlúcar sería igual para todos. El procedimiento de comprobación limitada ejecutado por Diputación es ilegal y así se dice en la sentencia", remarca el portavoz. En concreto, en dicho documento se especifica que "el procedimiento de comprobación limitada ni es el adecuado para ello ni permite, dentro de sus límites legales establecidos, esa actuación de investigación llevada a cabo por la Administración". En este sentido, Salas apuntó que "un empleado con una cámara puede abrir 300 expedientes al día. Si se hace a través de una inspección, no llegan ni a diez". De hecho, en la sentencia judicial de 'ejemplo' al colectivo afectado se dice que "es una labor de inspección, de investigación, la que permite a la Administración tener conocimiento del supuesto hecho que determina el nacimiento de una obligación tributaria, por lo que en ningún caso debió incoar y tramitar un procedimiento de comprobación limitada".
Para la plataforma, éste es sólo el primer paso en la batalla contra el cobro de los vados. "Para Diputación era un negocio redondo, pero si tenemos que llegar a los tribunales, iremos. Han cobrado indebidamente un dinero a muchos vecinos que, quizás, sólo contaban con una mínima pensión al mes para vivir. Vamos, ha sido un robo, pero en lugar de hacerlo un 'chorizo', ha sido una Administración".
La asamblea convocada por la plataforma cita así a los residentes afectados a las 20 horas en el centro de La Granja bajo el mensaje "podéis reclamar".
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