Las conductas de cubanos como Rita, que se tiñe  el pelo en su jornada laboral, de Abel que no quiere oír hablar de sembrar la  tierra, o de Pedro que prefiere vivir del mercado negro, está en la mira de  Raúl Castro, que cuenta con cambiarlas para sacar al país de la crisis. Como parte de una política contra el paternalismo estatal que ha primado en  Cuba en medio siglo de revolución, Raúl Castro planea eliminar el subsidio  creado en la crisis de los años 90 para quienes se quedaban sin empleo, y reubicar  a miles de cubanos en agricultura, construcción y otras áreas urgentes, a fin de aumentar  la producción. 

Y es que 2009 no ha sido el esperado año del cambio después de que Raúl Castro sustituyera a su nermano Fidel al frente del país. Por el contrario, la situación ha empeorado como consecuencia de la crisis económica.

El Gobierno promete que “nadie va a quedar desamparado”. Y aunque la medida  pueda ser impopular, “el Estado no puede continuar subsidiando a trabajadores  que queden disponibles”, dijo Salvador Valdés, máximo dirigente de la única  central sindical. “¡Olvídate de eso, chica! Yo no estoy pa’ eso. De construcción no quiero oír  hablar y del campo menos. Si me mandan a la casa, ojalá me reubiquen en una  tienda”, dice Abel, empleado de una de las gasolineras donde se está instalando  un servicio de dispensadores automáticos. 

Tras un crecimiento económico de 1,4% en 2009 en vez del 6% esperado y una  modesta meta de un 1,9% en 2010, Raúl Castro ordenó recorte de gastos –incluso en  educación y salud–, ahorro de energía, control de recursos, impuestos y  eliminación de subsidios (la canasta básica mermó y cerraron comedores obreros  a cambio de una compensación). 

Con su salario de ingeniera, Marina, de 36 años, lleva tres meses en  labores de limpieza, digitalizando inventarios o vigilando que los obreros que  restauran el edificio donde trabajaba no roben la pintura o el cemento. 

“Cerraron el proyecto en que trabajaba y todavía no me reubican. A algunos  compañeros los mandaron a la casa a esperar con 60% del salario”, comentó. Pero  no figuran en la tasa oficial de desempleo del 1,7% de una fuerza laboral de 4,9  millones sobre los  11,2 millones de cubanos. 

De las ocho horas muchos trabajan cinco. En las otras resuelven algún  asunto personal. “Hay que hacer cola para todo, así que uno agarra su ratito”,  dice Rita, quien compraba en un mercado del barrio de Vedado, tras ir a la  peluquera cerca de donde trabaja de administradora. 

Para elevar eficiencia y producción, Raúl Castro eliminó el “igualitarismo”  salarial, pero el nuevo sistema de pago por rendimiento choca con el aparato  burocrático. 

Según la Iglesia Católica, la economía corre riesgo de “colapso”. “Las  condiciones socioeconómicas de un país no cambian” por “discursos”, “decretos”  o “llamamientos a trabajar duro”, opinó, sugiriendo reformas. Raúl Castro, quien relevó en 2006 a su hermano Fidel, dice que su misión no  es restaurar el capitalismo, sino perfeccionar el socialismo. En eso, añade, no  puede haber “improvisación”.

Tampoco en lo que se refiere a los derechos humanos la situación ha variado sustancialmente. Según el informe annual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha habido más de mil arrestos y actos de hostigamiento y represión política durante 2009. 

 Se excarcelaron alrededor de 30 personas, aunque en el 95% de los casos fue por cumplimiento de su condena. Sin embargo, el régimen castrista encarceló a 60 ciudadanos el pasado año por disentir de las ideas del gobierno. Según el informe, el número de prisioneros políticos ronda los 200, de los cuales 65 son reconocidos por Amnistía Internacional como presos de conciencia. 

 Asimismo, la situación carcelaria de los presos de conciencia sigue siendo intolerable o incluso empeora. La mala alimentación y las deplorables condiciones en las que cumplen su injusta condena le han pasado factura a muchos de ellos, quienes se encuentran enfermos.  En noviembre de 2009 el régimen imperante en Cuba dio muestras evidentes a la comunidad internacional de la utilización de una de sus armas más criminales para imponer el terror público: los violentos actos de repudio. Por eso al conmemorarse el 61 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recibió el 10 de diciembre, golpeando a las Damas de Blanco, ante los ojos de la prensa internacional y diplomáticos acreditados en La Habana. A estos hechos se suman cinco  violentos ataques contra ciudadanos cubanos sólo en el centro de La Habana en menos de un mes, en 4 de los cuales, sus víctimas recibieron furibundas palizas a manos de los oficiales de la policía política y las hordas azuzadas por ésta. 

 El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, ha recibido reiteradas denuncias de que agentes de la inteligencia del gobierno han comenzado a inyectar a algunos de los participantes en protestas públicas, antigubernamentales con sustancias desconocidas que les neutralizan y causan fatigas.  El sistema imperante en Cuba sólo tiene una receta para el control del país: la desinformación, la cárcel, la represión y el terror, que no solamente se utiliza contra los pacíficos defensores de los derechos humanos, sino que actualmente se utiliza contra todo ciudadano descontento que se queje. 

  El estado policial ha copado las principales calles y carreteras. Las acusaciones de atentado y desacato engrosan cada día aceleradamente el ya astronómico número de una población penal que supera con creces los 100.000 reclusos, y hasta las personas invidentes o discapacitadas son víctimas de palizas y decomisos. 

 Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han verificado más de mil arrestos, e incontables actos de represión política, en la mayoría de los cuales el régimen hizo uso de excesiva violencia, fuerza coercitiva, intimidación y terror contra los pacíficos defensores de los derechos humanos o sus familiares: arrestos, amenazas de cárcel y represión, vigilancia e interrupción de las llamadas telefónicas, reclusiones domiciliarias, visitas intimidatorias a las viviendas de defensores de los derechos humanos por parte de oficiales de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional, citaciones, actas de advertencia, palizas, expulsión de defensores  y ciudadanos de la capital hacia las provincias del interior, negación del permiso para salir  legalmente del país, enjuiciamientos y encarcelamientos políticos. 

 El régimen, lejos de iniciar una apertura o liberar a los cerca de 200 prisioneros políticos y de conciencia, que en su mayoría están muy enfermos por las torturas y los malos tratos, aceleró  sus acciones represivas y continúa encarcelando a los defensores de  derechos humanos y opositores pacíficos, fabricándoles  delitos de apariencia común. Esta acción fue retomada a principios de 2009 por medio de la cual se enjuició y encarceló a unos sesenta defensores de derechos humanos. 

Dentro de las prisiones continúan los alarmantes suicidios y fallecimientos. Se han confirmado 64 muertes, sólo en 26 centros penitenciarios entre los más de doscientos cincuenta (250) existentes en todo el país,  a causa del rigor carcelario, las torturas y tormentos físicos y psicológicos, las palizas y confinamientos en solitario, los malos tratos, el hambre, la poca atención médica y el general abandono.