A las nueve y media de esta mañana, se celebrará en el Ayuntamiento de El Puerto un Pleno con carácter extraordinario donde se dará vía libre al traspaso al municipio, de manera "gratuita", de los activos de Cádiz Electrónica SA, la filial de Visteon que recientemente ha cerrado su planta de producción de componentes automovilísticos del Tecnoparque Bahía de Cádiz.

El Consistorio portuense se hará con la propiedad de unos terrenos, con una superficie de 18,15 hectáreas que se han tasado, según un informe municipal, en unos 13,6 millones de euros. Además, Visteon cede una serie de activos mobiliarios como equipamientos de la planta, herramientas, equipos informáticos y 'software', todo ello valorado en 9,5 millones de euros, aunque la tasación no está completamente ajustada a día de hoy. A cambio, el Consistorio recibirá 2.780.000 euros de Cádiz Electrónica SA, una cuantía que se destinará a afrontar diversos gastos de la operación así como a la vigilancia y mantenimiento de las instalaciones durante los próximos dos años. De esta cantidad deberá restarse también el IBI (Impuesto de Bienes e Inmuebles) correspondiente a este año y cuantificado en algo más de 158.000 euros.

Pero en el expediente de la cesión de los terrenos se ha incluido un informe del interventor del Ayuntamiento, Juan Raya, quien advierte que los gastos que debe asumir el municipio por la operación no están concretados. De hecho, el Gobierno local (conformado por PP y PA) reconoció el pasado viernes a los grupos de la oposición en la comisión informativa previa al Pleno que el acuerdo alcanzado con Visteon en la noche del pasado 6 de febrero tiene algunos aspectos mejorables ya que la negociación se hizo con premura ante la amenaza de Visteon de recurrir al concurso de acreedores, lo que hubiera imposibilitado que los trabajadores hubiesen percibido a corto plazo su indemnización por el despido (la plantilla ya ha cobrado). En cambio, se indicó que el traspaso no tendría que suponer algún coste extra para el Ayuntamiento, aunque fuentes consultadas por este periódico apuntan que el Gobierno local ya baraja la posibilidad de que el gasto pueda rondar el millón de euros si no se logra vender a corto plazo los terrenos.

En su informe, el interventor municipal advierte que en el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y Cádiz Electrónica SA no se incluye que, dentro de la compensación que hará la sociedad por el traspaso, se haya tenido en cuenta el IAE (Impuesto de Actividades Económicas), que para este año se ha cuantificado en algo más de 98.000 euros. Por otro lado, advierte que no hay una valoración de las cargas que pesan sobre los activos que, aunque no son de gran calado, deben ser tenidas en cuenta. Entre ellas se encuentra una pequeña expropiación para una obra de conducciones de la Junta y un arrendamiento de parte de los suelos de la planta para una explotación agrícola.

Un detalle que señala tanto el acuerdo suscrito entre Ayuntamiento y Visteon como el técnico municipal en su informe es que se puede dar la posibilidad de que Hacienda reclame el IVA de la compensación que aporta la sociedad al municipio. En este supuesto, tal y como recoge el acuerdo, la cuantía por este impuesto debería detraerse también de los 2,7 millones de euros que aporte Cádiz Electrónica SA. En cambio, la operación estaría exenta del pago del IVA por la transmisión de los terrenos, de los edificios y de los activos mobiliarios así como de los tributos por donaciones y la plusvalía. Asimismo, en el informe se señala que el Ayuntamiento tendrá que costear los trabajos de una auditoría externa para valorar los activos mobiliarios que recibe ya que se reconoce que no cuenta con la capacidad técnica para llevar a cabo esta tarea. Finalmente, el interventor municipal expone que no están cuantificados los gastos que supondrá la vigilancia, el consumo de los suministros, el mantenimiento y las reparaciones que haya que hacer en la planta.

El acuerdo supone que durante los próximos dos años el Ayuntamiento podrá poner en venta los suelos a un precio que no sea superior a los 14,6 millones de euros (se ha establecido como tope un 7% sobre el precio de tasación de los activos). Durante este tiempo, el Consistorio se compromete a realizar una oferta pública por estos suelos. Pero, si transcurriese este tiempo y el Consistorio no lograra venderlos, tendría absoluta libertad para disponer de ellos. Es ahí, según las fuentes consultadas, cuando entraría en juego la empresa municipal Impulsa El Puerto, que tiene la encomienda de la gestión de los polígonos industriales. Es más que previsible que el Ayuntamiento traspasase estos suelos a la sociedad municipal mediante una ampliación de capital.