La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) expresa su intención de presentarse en los juzgados como acusación particular en el caso que se abra contra los detenidos en una redada contra el narcotráfico que tuvo lugar en la madrugada del miércoles pasado en la desembocadura del río Guadalquivir, en la provincia de Cádiz. "En un nuevo y alarmante episodio de violencia del narcotráfico, la provincia de Cádiz ha sido testigo de un brutal tiroteo contra guardias civiles durante una operación en la madrugada del miércoles. JUCIL anuncia su intención de presentarse como acusación particular en este caso, reafirmando nuestro compromiso como asociación de que ninguna agresión contra guardias civiles quede impune", ha adelantado el secretario provincial de JUCIL en Cádiz, Agustín Domínguez.

JUCIL recuerda que, durante la operación, que tuvo lugar a las 03:20 horas, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó una embarcación sospechosa en la desembocadura del Guadalquivir. Al interceptarla, los narcotraficantes respondieron con violencia extrema, disparando ráfagas con armas de guerra contra los guardias civiles. A pesar de la peligrosa situación se logró la detención de nueve miembros de la organización criminal y se confiscaron un total de 75 fardos de arpillara que envasaban 2.500 kilos de hachís, junto con cuatro vehículos todoterreno que habían sido robados previamente. Junto a los guardias civiles que formaban parte del operativo colaboraron guardias de los grupos de seguridad ciudadana de los puestos de Chipiona y Sanlúcar de Barrameda.

Una iniciativa contra la impunidad de cualquier agresor. "La creciente violencia con la que las organizaciones criminales responden a las intervenciones policiales no puede quedar impune, ni ser asumida como algo habitual en este tipo de situaciones", ha afirmado Agustín Domínguez. "El uso de armas de guerra contra nuestros compañeros es una clara señal de que las mafias que controlan el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar están dispuestas a todo para proteger este negocio de la droga. JUCIL ha tomado la decisión de que no permitirá que estas agresiones queden sin castigo y se presentará como acusación particular para asegurar que se haga justicia", ha adelantado el secretario de la asociación en Cádiz, una de las provincias donde mayores índices de tráfico de sustancias estupefacientes se registran y en la que en el mes de febrero dos guardias civiles fueron asesinados al arrollar su embarcación una narcolancha en el puerto de Barbate.

"Los guardias civiles tenemos una profesión de riesgo no reconocida"

JUCIL subraya con esta iniciativa no solo su firme apoyo a los guardias civiles atacados, en esta o en cualquiera otra operación que pueda tener lugar, sino también pretende resaltar de nuevo su demanda a las autoridades para que tomen medidas decisivas contra la violencia del narcotráfico en Andalucía. "Es esencial que el Gobierno y las formaciones políticas parlamentarias reconozcan el trabajo de los guardias civiles como una profesión de riesgo, y que esta consideración se plasme en un texto legal", ha añadido Domínguez. "La valentía y el sacrificio de nuestros compañeros en su misión para defender los derechos y las libertades de los ciudadanos merecen todo el respaldo y protección jurídica que esta sociedad pueda ofrecer” ha argumentado Agustín Domínguez. JUCIL apela de nuevo a la Administración pública, al Ministerio del Interior, para que se refuercen las medidas de seguridad de los guardias civiles y de los policías nacionales cuando intervienen en estos operativos contra el tráfico de drogas y que se garantice que los responsables de estos actos violentos enfrenten las máximas consecuencias legales. La asociación profesional reafirma su compromiso con la defensa de los derechos y la seguridad de los guardias civiles, quienes diariamente arriesgan sus vidas para proteger a la ciudadanía.

La asociación reitera con esta decisión de acudir como acusación particular en estas acciones su misión de velar por la justicia y por la integridad de los guardias civiles, para asegurar que cualquier ataque contra nuestros compañeros, en cualquier punto de la geografía española, sea severamente castigado y que se establezcan las medidas necesarias para prevenir futuras agresiones.