Ocho ayuntamientos gaditanos z se han sumado a la orden de la Junta de Andalucía que regula la línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, impulsada en julio por la Consejería de Fomento y Vivienda y que cuenta con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros hasta final de año. Los municipios que ya han firmado el correspondiente convenio, a través de sus respectivas empresas municipales de vivienda, son los de Cádiz, San Roque, Chiclana, Conil, San Fernando, Jerez, Rota y La Línea, según el delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Manuel Cárdenas, quien confía en que hasta el próximo 1 de octubre, fecha límite para presentar las solicitudes, más ayuntamientos gaditanos se sumen a esta nueva línea de ayudas que se ofrece para tratar de cumplir con los criterios establecidos por la ONU y los objetivos de la Consejería de Fomento y Vivienda para que familias con escasos recursos económicos no destinen más del 25% de sus ingresos al pago del alquiler de sus viviendas. "Además facilitamos a los ayuntamientos que sus viviendas sean habitadas en régimen de alquiler, en vez de permanecer cerradas y en venta", añadió.

Los destinatarios de las ayudas son personas con escasos recursos económicos que residan en alguna vivienda del parque público autonómico, municipal o provincial y que tengan dificultades para hacer frente al pago del alquiler. Dichos adjudicatarios deberán reunir una serie de requisitos como recibir ingresos no superiores a 1,5 veces el IPREM (11.182 euros) y disponer de un informe de los servicios sociales competentes en el que se determine la situación de especial vulnerabilidad de la familias, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos y otras circunstancias especiales a tener en cuenta. La ayuda para el pago de las rentas podrá alcanzar hasta el 75% del importe total.

Cárdenas también reclama a la Diputación que solicite las ayudas para poder emplear todo su parque de vivienda en "garantizar el derecho a techo de las familias demandantes". "Es una oportunidad que tiene la institución provincial para poder garantizar el derecho a la vivienda que tienen muchas familias de la provincia sin necesidad de grandes obras ni nuevas construcciones y así lograr que el parque público cumpla con la función social que le corresponde".