Provincia de Cádiz

Loaiza anuncia que el PP denunciará los hechos ante la Fiscalía y pide el cese

María Antonia, en la cocina de la casa que ha okupado tras ser desahuciada. María Antonia, en la cocina de la casa que ha okupado tras ser desahuciada.

María Antonia, en la cocina de la casa que ha okupado tras ser desahuciada. / román rios

El portavoz del PP isleño, José Loaiza, anunció ayer que llevará a Fiscalía los "graves hechos" que se conocieron el pasado viernes, al trascender la grabación en la que la concejala de Inclusión y Políticas Sociales, Ana Lorenzo, incitaba a una familia a punto de ser desahuciada y con tres menores a su cargo a okupar una vivienda propiedad de una entidad bancaria.

Desde las filas populares, se han considerado insuficientes las excusas esgrimidas por la edil socialista. "El argumento de la sensibilidad es una falacia porque esta concejala tenía todas las herramientas a su alcance para solucionar el problema de esta familia, que llevaba tres meses esperando una solución", ha advertido.

Recuerda el dirigente popular que es la Junta de Andalucía la que tiene las competencias en materia de viviendas sociales y que es la que, en colaboración con el Ayuntamiento, deberían haber resuelto este problema. En lugar de eso, advirtió, "se le incita a incumplir la ley". "Lorenzo ha roto todas las normas de convivencia. Estamos de acuerdo en que hay que eliminar la injusticia social pero no así", señaló el ex alcalde, que recordó también las "irregularidades" de la empresa Observa que salpicaron a esta edil en su momento.

Loaiza lamentó también el silencio de Patricia Cavada con respecto a este tema, lo que -dijo- sugiere que ampara estas actuaciones. "¿Acaso está de acuerdo el equipo de gobierno con que se okupen casas y se den patadas en la puerta?", preguntó. Una cuestión que dirigió también a los andalucistas, los socios de gobierno del PSOE. De hecho, afirmó que "Fran Romero se hace el mudo". "Todos los partidos se han pronunciado menos los andalucistas", dijo.

También ha censurado que desde el equipo de gobierno se vulnerara la Ley de Protección de Datos al facilitar información de las ayudas que esta familia había recibido, algo que -anunció también- pondrá en conocimiento de la administración competente.

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