Un total de 1.280 personas pasaron por los Servicios de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) en la provincia de Cádiz durante el año 2020, donde un 62,11% de las personas usuarias fueron mujeres (795), así como 126 menores, un 9,84% del total, 83 de ellos niñas, y 320 hombres.

Se trata de una red integral gestionada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública que desde hace 25 años presta asistencia jurídica, psicológica y social a cualquier ciudadano que haya sido objeto de un acto delictivo, ha explicado la Junta en una nota.

Actualmente en Cádiz, además de en la capital hay un SAVA en Algeciras para atender a la comarca del Campo de Gibraltar y el año pasado se creó una sede en Jerez atendida por un equipo itinerante.

Una misma persona recibe atención integral, por lo que en total se realizaron 4.929 actuaciones en la provincia de Cádiz, de las cuales 1.702 fueron de ámbito jurídico, 368 de carácter social, 343 de tipo psicológico y 2.516 generales.

En Andalucía se registraron 140.850 actuaciones: 29.285 de ámbito judicial, 19.555 de ámbito social, 21.831 psicológicas y 70.179 generales.

En lo que respecta al perfil general de la víctima, el mayor porcentaje alude a mujeres de entre 30 a 44 años, desempleadas, solteras y que habían sufrido daños psicológicos por delitos contra la integridad moral cometidos por parte de su ex pareja.

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Bertón, ha remarcado la importancia de este servicio y ha indicado que la apuesta por los SAVA itinerantes ha supuesto "un salto cualitativo y cuantitativo" en este ámbito.

En concreto, ha puesto en valor la especialización y la constante adaptación a los cambios legislativos, económicos y sociales de sus profesionales y ha apostado por continuar en esa línea y "orientar el servicio hacia las nuevas víctimas y los nuevos tipos delictivos e impulsar la atención vía telemática".

Aunque el SAVA atiende a víctimas de todo tipo de delitos, de los expedientes tramitados en 2022, 161 eran relativos a asuntos de violencia de género, donde en su mayoría las personas usuarias denunciaron, 27 eran casos de violencia doméstica y más de 300 de otros delitos.

Los SAVA, que se ubican en las sedes judiciales, cuentan con equipos profesionales formados por juristas, psicólogos y trabajadores sociales, todos ellos con formación en violencia de género. Su ámbito de aplicación se extiende a todas las víctimas de delito cometido en España o que pueda ser perseguido en el país, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal.