El Ayuntamiento de Puerto Real aprobó este jueves en un pleno extraordinario, la formalización de un nuevo préstamo de casi seis millones de euros (5.902.221 euros) dentro del Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda, una operación prácticamente idéntica a la que ya formalizó hace justo un año.

Al igual que entonces, también hoy se ha justificado la operación en un “ejercicio de responsabilidad” para las corporaciones futuras ya que “esto permitirá al Ayuntamiento de Puerto Real tener liquidez en un futuro porque para los dos meses que restan de la legislatura no tendríamos problemas”, explicó la edil de Hacienda y Deuda, Fátima Pontones.

Y también “por responsabilidad”, según dijo la portavoz del PSOE, la propuesta de crédito fue respaldada por el grupo municipal socialista. “El PSOE va a cumplir de nuevo con su compromiso y responsabilidad política. Esto no es plato de buen gusto pero no podemos asfixiar al Ayuntamiento”, dijo Elena Amaya, quien añadió que en el PSOE eran conscientes de que “solicitar este crédito es darle una patada hacia adelante a la deuda”. La edil de Hacienda asentía al oír el comentario.

El Partido Andalucista, por su parte, se opuso a la formalización de este crédito para no ser “partícipes de la supuesta garantía de futuro parta la próxima corporación, puesto que no han sido capaces de hacer un planteamiento serio de la gestión económica en esta legislatura. No han sacado ni un solo presupuesto”, apuntó Jesús Plaza.

Antes de la votación, Fátima Pontones insistió en que al equipo de Gobierno no le gustan estas medidas, pero han decidido “poner la responsabilidad política por encima de su ideología, porque lo que se está posponiendo son pagos a la banca para prestar servicios a los ciudadano”. Con el respaldo del PSOE, la abstención de Izquierda Unida y el voto en contra del PA, el equipo de Gobierno sacó adelante la formalización del crédito.

En la sesión extraordinaria también se debatió otro asunto económico: una modificación de un acuerdo plenario sobre las asignaciones a grupos políticos y los pagos por la asistencia a los órganos colegiados, que fue aprobado 1 de diciembre de 2016, al que se le dará ahora un carácter retroactivo desde el inicio de la legislatura.

También en este caso los andalucistas se posicionaron en contra. Entre los motivos que esgrimieron estaba el hecho de que “el carácter retroactivo se podía haber dado en el momento en el que se aprobó en 2016 y no ahora cuando está a punto de acabar la legislatura”, dijo Plaza. A esto añadió el portavoz andalucista que “esta modificación va a suponer un gasto al Ayuntamiento de Puerto Real de 250.000 euros”.

Las palabras de Plaza provocaron la rápida reacción tanto del alcalde, Antonio Romero, como de la portavoz socialista, Elena Amaya. “Vosotros decís que no lo vais a apoyar porque sabéis que la propuesta va a salir adelante y lo vais a cobrar igual”, dijo Amaya. “Si tenéis esa preocupación por las arcas municipales podéis renuncias”, añadió. Esa misma invitación hizo el alcalde, antes de que la propuesta saliese adelante con los votos a favor de toda la corporación, a excepción del PA.