La Audiencia de Cádiz ha condenado a cuatro años y medio de cárcel al oficial del Registro de la Propiedad de El Puerto que se sentó la semana pasada en el banquillo acusado de llevarse más de 446.000 euros de la oficina donde trabajaba, una estafa que cometió durante siete años, desde 2010 hasta 2017.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), explica que el ahora condenado era el oficial mayor sustituto en el Registro de la Propiedad número 1 de El Puerto de Santa María.

En su condición de “superior jerárquico” sobre el resto de empleados, se encargaba de “la distribución del trabajo de la plantilla, la organización de la oficina, la llevanza de  la contabilidad del Registro, el abono de las nóminas, los impuestos, las retenciones de IRPF, las cuotas colegiales, el pago a los proveedores y el control de la caja (ingresos y gastos)”, enumera la resolución judicial.

El oficial mayor, prosigue, “era el único empleado del Registro autorizado por el registrador para disponer de las cuentas corrientes de la oficina y para acceder, mediante programa informático, a la contabilidad de la entidad”.

El citado Registro, especifica el dictamen judicial, aceptaba de los clientes pagos en metálico, por transferencia bancaria, talones y tarjetas de crédito, “siendo cuantiosos los pagos en efectivo que se recibían”.

Asimismo, la sentencia expone que para el control de ingresos del Registro por caja, diariamente, una vez finalizado el horario de apertura, determinados empleados cuadraban la caja del mostrador de la oficina y sacaban del programa informático un ‘listado de cierre de caja’ en el que constaban las entradas de dinero (por talones, en efectivo o tarjeta), así como las salidas por cualquier concepto. Esos trabajadores comprobaban la coincidencia con el contenido de la caja, lo apuntaban e introducían el efectivo, el listado del ordenador, los talones y los recibos de pagos con tarjeta en un sobre; después, entregaban ese sobre al procesado y éste se encargaba de confirmar que el arqueo era correcto y de guardarlo en una caja de caudales en su despacho “a la que únicamente él tenía acceso”, excepto unos 120-150 euros, que retornaban a la caja para tener cambio.

“Una o dos veces por semana, el oficial, tras comprobar que el dinero que había en los sobres se  correspondía con los datos del sistema informático, tomaba el efectivo y los talones que había guardado en la caja de caudales, introducía todo en otro sobre el que escribía la cuantía total que éste contenía, así como el número de cuenta bancaria en el que debía ingresarse, y enviaba a algún empleado del Registro al banco a efectuar el ingreso. Ese empleado entregaba después al  oficial el justificante de la operación”, detalla la resolución judicial, que precisa que “nunca se produjo un desfase” en las cuentas salvo en una ocasión que la entidad financiera detectó un billete falso y, obviamente, lo retuvo y no lo ingresó.

“Consciente de la capacidad de control del efectivo del Registro y de la dificultad para el resto de empleados, incluido el propio registrador, de  controlar el flujo de dinero que entraba en la oficina, el encausado fue apropiándose durante los años 2010 y 2017 de distintas sumas de efectivo”. La mecánica de la que se valió consistió en “quedarse con parte del dinero procedente de la caja del Registro y no ingresarlo en el banco”.

Así, ha quedado acreditado que por este método el oficial sustrajo en siete años un total de 427.929,05 euros.

Por último, la sentencia señala que una vez detectadas varias de las sustracciones por parte del oficial y finiquitada su relación laboral, éste aprovechó que aún conservaba el acceso a las cuentas del Registro para hacer una transferencia electrónica no autorizada por el registrador de 18.153,15 euros, de los que a su vez transfirió a su cuenta personal la suma de 3.503,20 euros en concepto de honorarios.

Por los hechos antes descritos, el oficial procesado ha sido condenado como autor criminalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida por cuantía agravada en relación con un delito de estafa a la pena de cuatro años y seis meses de prisión.

Asimismo, el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz, encargado de juzgar la causa, ha decretado que el oficial debe indemnizar al registrador damnificado en la cantidad total de 446.082,20 euros, suma que devengará el interés legal incrementado en dos puntos desde la firmeza de la resolución hasta el pago del principal.

El oficial

Durante la celebración de la vista oral en el Palacio de Justicia gaditano, el acusado declaró que en ningún momento sustrajo dinero del Registro de El Puerto. De hecho, manifestó que, en realidad, nadie se llevó ese dinero, sino que su falta respondía a una mala organización de la oficina.

Así, ofreció varias alternativas sobre las posibles causas del descuadre en las cuentas. Apuntó a un error en las devoluciones de provisiones de fondo, a desajustes en los anticipos de las nóminas de los trabajadores o a un producto estrella  del Registro, los índices. Incluso refirió que el propio registrador pudo haber dispuesto de diferentes sumas para explicar el  desfase cercano al medio millón de euros.

Sin embargo, para el tribunal de la Sección Cuarta, “estas tesis sobre el paradero del dinero, o de la no falta de dinero, carecen de sostén alguno” y “de ninguna forma” desvirtúan los hechos que han quedado acreditados.