José Blas Fernández, presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales así como del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, y Miguel A. Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores, firmaron este miércoles dos convenios de colaboración a través de los cuáles los 9.000 colegiados de esta corporación de operadores jurídicos pasarán a ser socios de la Asociación Española de Consumidores y se trabajará en beneficio de actuaciones de conjuntas para mejorar la Justicia.

Entre las actividades que se llevarán a cabo en el marco de ambos convenios destacan la realización de campañas de información y sensibilización en materia de derechos de los consumidores, la justicia y la actuación de los graduados sociales, la promoción de experiencias para intervenir en los problemas de la sociedad y la colaboración mutua en actividades de conocimiento y difusión en las que podrán incluirse cursos y jornadas, cuya convocatoria y elaboración se realizará de forma conjunta.

Del mismo modo, este acuerdo incluye la realización de estudios, el asesoramiento mutuo e intercambios de información, así como la realización de actividades formativas, culturales y de ocio y tiempo libre organizadas por ambas instituciones.

Ambas entidades realizarán conjuntamente difusión de campañas informativas, mediante la edición de material promocional.

Las dos organizaciones consideran que tienen por delante una ardua tarea que afrontar para pedir mejoras para los usuarios y los profesionales de la Justicia en Andalucía.

Miguel A. Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores, considera que la firma de este convenio “viene a reforzar el trabajo de la Asociación Española de Consumidores en beneficio de los usuarios de la Justicia y la necesidad de afrontar mejoras relacionadas con el desempeño que los profesionales, en este caso los graduados sociales, tienen de cara a sus usuarios. Son muchas las carencias y los retrasos que hacen que la Justicia sea uno de los grandes problemas de los ciudadanos hoy en día, pues ven cómo sus procedimientos se dilatan años y años sin obtener una solución a los mismos”.

Por su parte, José Blas Fernández señala que “esta colaboración no solo fortalecerá nuestra capacidad para abogar por cambios significativos en el ámbito judicial, sino que también nos permitirá educar y capacitar a los consumidores sobre sus derechos legales. La justicia es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, y es nuestra responsabilidad, como operadores jurídicos, garantizar que funcione de la forma más eficaz y justa posible. A través de estos esfuerzos, aspiramos a abordar las carencias y retrasos que plagan nuestro sistema de Justicia, impactando negativamente tanto en profesionales como en consumidores. Estamos seguros de que esta colaboración dará frutos significativos para nuestra comunidad, y es un paso adelante en la ardua pero necesaria tarea de pedir mejoras para los usuarios y profesionales de la Justicia en Andalucía."