Educación

El sindicato Ustea denuncia por prevaricación al delegado de Educación

  • Argumentan que numerosos centros superan en sus aulas la ratio que fija la legislación

Miembros del sindicato momentos antes de presentar su denuncia Miembros del sindicato momentos antes de presentar su denuncia

Miembros del sindicato momentos antes de presentar su denuncia

El sindicato Ustea Cádiz, el más combativo y radical de los que cuentan con representación en Educación y de donde salieron Kichi y Teresa Rodríguez, ha presentado una denuncia por prevaricación contra el delegado de Educación, Miguel Andreu, al que responsabilizan del gran número de centros de la provincia en los que, según ellos, tienen aulas con una ratio superior a lo que estipula la legislación.

"Desde comienzos del presente curso hemos tenido conocimiento de numerosos casos de ratios que sobrepasan el máximo permitido por la legalidad vigente, casos que nos han llegado tanto por madres, padres y docentes, como en las visitas de nuestros representantes sindicales a los centros de la provincia. Para la denuncia nos hemos basado en varios centros concretos, pero nuestro objetivo último es denunciar ante la opinión pública una situación generalizada que evidencia la política de recortes y agresión a la educación pública por parte del gobierno andaluz", afirman en su comunicado.

La cuestión de la ratio, o el número permitido de alumnas/os por unidad, viene recogida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria. Y la legislación educativa es muy clara: se limita el número máximo de alumnas/os por aula a 25 en el caso de Primaria, 30 en el caso de Secundaria, y 35 en Bachillerato. Puede haber excepcionalidades, pero que sólo podrían rebasar un 10% esta ratio. 

Esto, según el sindicato, se incumple de manera flagrante, "por lo que podemos estar ante un presunto delito continuado de prevaricación administrativa regulado en el artículo 404 del Código Penal", argumentan.

 

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