El fiscal Anticorrupción ha solicitado que la instrucción del caso Bahía Competitiva siga adelante. El representante de la acusación pública ha pedido -al amparo del artículo 324 de la Lecrim- la declaración de causa compleja, lo que otorgaría a este procedimiento 18 meses más de investigación, esto es, un año y medio que se sumaría a los cinco que ya acumula este proceso judicial.

Toda vez que el fiscal ha demandado ampliar las pesquisas en torno al supuesto fraude millonario de las ayudas a la reindustrialización que fueron adjudicadas a proyectos empresariales que nunca vieron la luz, ahora le toca el turno a magistrada Lourdes del Río. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz -que dirige el caso- debe decidir si atiende a esta petición de prórroga de la Fiscalía (sobre la que también se tienen que pronunciar el resto de las partes personadas en el procedimiento) o si, por contra, acuerda cerrar la instrucción de Bahía Competitiva, si no al completo, al menos la pieza que afecta al fraude (dejando todavía abierta la pieza referida al blanqueo de capitales).

El fiscal demanda pues la declaración de macrocausa para Bahía Competitiva al concurrir una serie de circunstancias en este asunto. De una parte, "la investigación recae sobre un grupo u organización criminal" y tiene por objeto numerosos hechos punibles, "como falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a la administración, malversación de caudales públicos o blanqueo de capitales". Fiscalía destaca también en su solicitud "la gran cantidad de investigados" así como la necesidad de "revisar la gestión" realizada por las empresas privadas y los organismos públicos (Diputación y Ministerio de Industria) implicados.

El Ministerio Público apunta además que "quedan diligencias pendientes de practicar", como el análisis de material informático, de correos electrónicos o de una "numerosísima documental" todavía sin aportar . Se trata de indagaciones aún en trámite que "podrían dar lugar a nuevas imputaciones", argumenta el fiscal Anticorrupción.

Entre las diligencias pendientes a las que se refiere la Fiscalía, cobra especial relevancia el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre las cantidades que se han podido reintegrar a la Hacienda Pública y las que no se han devuelto, de momento.

Según las fuentes judiciales consultadas, hasta la fecha se han recuperado unos 120.000 euros aproximadamente de las ayudas Reindus, una cantidad ínfima si se tiene en cuenta que el supuesto pufo de Bahía Competitiva se estima en unos 21 millones de euros.

No obstante, el informe de la Intervención General del Estado especifica que los reembolsos aportados a la causa se refieren exclusivamente "a los que se han producido en las Delegaciones de Economía y Hacienda de Cádiz", pues la IGAE no tiene acceso a los reintegros que pudieran haberse realizado en órganos de recaudación diferentes a estos.

Por esta razón, desde Hacienda se insta al Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz a que interrogue a otros "organismos competentes" sobre el destino del dinero cobrado por las empresas beneficiarias de las ayudas Reindus.

Por otra parte, el fiscal Anticorrupción ha solicitado, además de la declaración de causa compleja para Bahía Competitiva, la apertura de una tercera pieza "separada" de las dos existentes hasta ahora (la de fraude y la de blanqueo de capitales). Fiscalía pide una investigación aparte en relación a Gesor, una entidad a la que se adjudicó el contrato de consultoría para realizar las baremaciones de Reindus en 2010 y 2011, "pagando por ello la Diputación de Cádiz a esta empresa un exceso de 26.083,79 euros".

El Ministerio Público requiere que se cite como investigados en esta tercera pieza a Teodoro Clavijo, representante del IEDT en las comisiones de baremación; María José Valencia, vicepresidenta del IEDT; y Adelaida Moares, jefa del Servicio de Empleo, Cooperación y Desarrollo del mismo IEDT. Los tres han pasado ya por sede judicial a lo largo de la vasta instrucción de Bahía Competitiva. El fiscal llama también como investigado al representante legal de Gesor, y como testigo, a Rosa Barreiro, técnico de Diputación en las citadas comisiones de baremación. Barreiro, al igual que los tres cargos del IEDT antes mencionados, ya ha declarado ante la juez del caso.

Anticorrupción ha puesto la lupa en Gesor por considerar que fue una "empresa escudo" a la que se asignó "sin licitación pública" la realización de las baremaciones de Reindus en 2010 y 2011, si bien esta sociedad "no tenía intención de prestar dicha prestación con sus medios personales, sino que conforme se había acordado con los responsables del IEDT, se contrataría los servicios de Teodoro Clavijo para realizar las baremaciones". Esto supuso que el IEDT abonase "de manera innecesaria" más de 26.000 euros. El fiscal ve, por tanto, indicios de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.