AL presidente y a sus ministros no se les va de la boca la palabra respeto; respetan las decisiones de los tribunales, faltaría más. Pero sin el menor disimulo han hecho todo cuanto han podido para neutralizar decisiones que afectaban a sus planes.

La más sonada fue indultar a los independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo. Ya habían metido mano antes de la sentencia, cuando la Abogacía General del Estado defendió que no había delito de rebelión sino sedición, en contra de lo que había pedido previamente el Supremo. Se pasó aquella maniobra porque la credibilidad incuestionable del presidente Manuel Marchena provocó dudas: si Marchena aceptaba que el delito era sedición, era sedición. Pero indultar a los condenados era ya otra cosa: una decisión en contra del criterio del tribunal que les había juzgado y, además, sin que los indultados hicieran el menor gesto de arrepentimiento.

Luego -o antes y durante- se produjeron las discrepancias sobre el estado de alarma por el Covid y trasladar las responsabilidades a los gobiernos autonómicos. Lo que provocó una situación desastrosa, con los tribunales superiores regionales tomando decisiones distintas, todo un golpe a la credibilidad de la justicia. Y después vino lo de Puigdemont: poner en bandeja a cualquier juez europeo que no pudiera proceder a la extradición del ex presidente huido con una maniobra inteligente: los servicios jurídicos del Gobierno trasladaron un escrito al Tribunal Europeo para que se pronunciara sobre la inmunidad de Puigdemont. Mientras el TJUE no se pronuncie, no hay juez que pueda tomar una decisión sobre el fugado, como argumentó la juez de Córcega que debía decidir sobre la extradición.

Llega ahora un nuevo choque entre Gobierno y tribunales, que se canaliza a través de la presidenta del Congreso y la Mesa de la Cámara, donde la izquierda tiene mayoría: el Supremo ha condenado al diputado de Podemos Alberto Rodríguez a un mes y medio de prisión, que conlleva la pérdida del escaño. Pagó una multa de poco más de 500 euros para eludir la prisión, pero según el TS eso no afecta a la inhabilitación. La Mesa, con su presidenta a la cabeza, ha hecho suyo el informe de los letrados de la Cámara, que en ningún caso es vinculante, obviando la sentencia del Alto Tribunal. Marchena, inasequible al desaliento porque pretende que se cumpla la ley, ha preguntado a la Mesa sobre cuándo va a ejecutar la inhabilitación.

Maritxell Batet tiene dos instancias con capacidad de decidir: el Supremo, y la Junta Electoral Central. Lo que no puede es tomar decisiones sobre las que no tiene competencias.

La separación de poderes no parece que inquiete excesivamente a Pedro Sánchez.