El Gobierno de la nación ha ordenado a la empresa pública SEPI que compre el 10% del capital de Telefónica, convirtiendo así al Estado español en el principal accionista de la más puntera compañía de nuestro país, que vende servicios de telefonía, cable y televisión a 340 millones de clientes.

Muy bien hecho. Las privatizaciones de empresas públicas decididas por gobiernos de PSOE y PP en la década de los años noventa estuvieron, en general, justificadas: permitieron al Estado hacer caja en momentos de mucha deuda y dificultades y certificaron la caída de viejos mitos colectivistas que han fracasado en todo el mundo. Pero algunas tenían un defecto: su falta de límites. Se privatizaron por completo, sin reservar para el Estado ninguna participación accionarial, o o conservando una participación simbólica.

Es lo que hizo José María Aznar con Telefónica. Por motivos puramente ideológicos y preso de su fanatismo neoliberal, despojó al sector público de todo control sobre la compañía (no sin antes colocar en la presidencia a un amigo y compañero de pupitre suyo, al que defenestró más tarde por cuestiones personales). Aislándonos: tanto Alemania como Francia también han privatizado, pero mantienen en sus manos más del 13% del capital de sus respectivas compañías de bandera. Italia ha acordado aumentar hasta el 20% la participación en el accionariado de la suya.

Esto parece elemental en un mundo globalizado y competitivo, al menos en sectores estratégicos de los que dependen las comunicaciones, los servicios tecnológicos a empresas financieras, la energía, la salud, las emergencias y la defensa. Casi nada... No es nacionalismo, sino patriotismo y preservación del interés nacional. Y si es elemental no ceder el control de estos resortes económicos a ninguna compañía extranjera, es elementalísimo abortar cualquier posibilidad de que el controlador sea un régimen religioso-dictatorial que niega los derechos humanos de sus súbditos y descuartiza a sus disidentes. Que es lo que pasa con Arabia Saudí, cuya compra de acciones de Telefónica es la que ha provocado este contraataque del Gobierno.

El Partido Popular ha reaccionado de la peor manera posible: basta con que lo haya decidido Sánchez para rechazarlo rotundamente como una muestra más del intervencionismo y el afán de ocuparlo todo. ¿Acaso si gobernaran ellos se cruzarían de brazos para dejarle Telefónica a los saudíes?