Como me he referido en artículos anteriores, el factor determinante para el crecimiento económico a largo plazo y la convergencia con los países más desarrollados es la productividad, entendida como la relación entre el PIB y los factores necesarios para la producción, o singularmente con el factor trabajo. En Andalucía la productividad es reducida en comparación con España y esta a su vez con la UE. Además, se ha desacelerado en las últimas décadas, e incluso ha disminuido en los últimos cinco años, lo que se explica fundamentalmente por la especialización en sectores de baja productividad y por la dotación empresarial de la región. En relación con esta última, Andalucía tiene baja densidad empresarial (60,7 empresas por 1.000 habitantes, frente a 67,7 de media en España), y predominan las pequeñas empresas (el 96,2% tienen menos de 10 empleados).

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, ha sido muy oportuna la jornada recientemente celebrada en el Instituto San Telmo en colaboración con la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur) sobre El éxito de las empresas de tamaño intermedio (ETI), en la que se presentó un informe con el mismo título elaborado por PricewaterhouseCoopers para la Fundación CRE100DO. Las ETI son empresas que tienen su centro de decisión en España, que no son filiales de multinacionales extranjeras y que facturan entre 50 y 500 millones de euros. Por su dinamismo y flexibilidad tienen una capacidad de adaptación semejante a las pymes, pero, al disponer de mayores capacidades financieras, tecnológicas y recursos humanos, tienen mayores posibilidades de innovación, internacionalización y crecimiento. Algunas de las características analizadas de las empresas de la Fundación CRE100DO nos muestran rasgos sobresalientes de las ETI: el 98% exportan frente al 6% de media de las empresas españolas; han mostrado una resiliencia diferencial a la pandemia de Covid; casi la totalidad considera que la innovación, la gestión del talento y las alianzas estratégicas son muy importante para el crecimiento de su negocio; y un elevado porcentaje de estas empresa considera que el acceso a la financiación no ha sido un reto para sus posibilidades de crecimiento. En correspondencia con estas características su productividad es muy superior a la economía española. Por tanto, las ETI se corresponden con un segmento empresarial sobre el que se deben apoyar regiones como Andalucía para su desarrollo.

La buena noticia para Andalucía es que en los últimos años está aumentando la densidad empresarial y el tamaño medio de las empresas, habiendo aumentado en un 19,3% las empresas con más de 100 empleados entre 2013 y 2022. Además, nuevas empresas en sectores dinámicos, internacionalizadas y con soportes tecnológicos complejos se están consolidando y creando una malla de interconexiones, lo que está provocando un cierto optimismo empresarial.

Pero las empresas de tamaño intermedio sufren una doble discriminación. Frente a las grandes empresas por el acceso directo a los responsables públicos, y con ello a facilidades regulatorias o ayudas públicas. Y frente a las pymes porque son más exigidas por más de 130 regulaciones que discriminan por el tamaño empresarial en normativas de carácter fiscal, laboral, contable, financiero, de seguros y de competencia. Discriminaciones que desincentivan el crecimiento de las empresas.

Por todo ello, se requiere una política económica que promueva el crecimiento empresarial. Una política de fomento sin complejos, que no imite a la política social orientada por la protección a los más necesitados, sino que fortalezca el tejido productivo con las empresas mejor dimensionadas, más innovadoras e internacionalizadas, que son las que impulsarán el crecimiento de la economía regional y, con ello, del empleo y de la renta.

De forma muy simplificada, la política de fomento empresarial podría definirse sobre tres bases. La primera y fundamental es una política común para todo tipo de empresas que debe ofrecer seguridad jurídica, defensa de la competencia, simplificación regulatoria y administrativa, infraestructuras y apoyo a la formación y a la innovación. La segunda debe evitar los incentivos perversos de las medidas y actuaciones públicas que retraen la actividad empresarial o desvían la inversión, la inteligencia y el esfuerzo hacia actividades escasamente productivas, para lo que deben anularse o revisarse muchas normas, subvenciones y procedimientos. Y, en tercer lugar, apoyo selectivo (y ponderado) a las empresas que generan más externalidades positivas (beneficios a otras empresas o a la sociedad sin contraprestación), gracias a su innovación o efectos multiplicadores.