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Condenado un ex edil de Urbanismo de El Puerto a ocho años de inhabilitación

  • El juez ha dado por probado que Diego Muñoz paralizó órdenes de derribo de viviendas ilegales

El ex delegado Diego Muñoz. El ex delegado Diego Muñoz.

El ex delegado Diego Muñoz. / andrés mora

El Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz ha condenado a Diego Muñoz, ex delegado de Urbanismo de El Puerto por el Partido Popular, tras paralizar órdenes de derribo de viviendas ilegales así como la imposición de multas disciplinarias durante el ejercicio de su cargo como edil. En concreto, el magistrado titular Juan Sebastián Coloma lo ha condenado por un delito continuado de prevaricación administrativa por omisión.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz, da por probado que el que fuera responsable de Urbanismo en El Puerto de junio de 2011 a noviembre de 2013 (fecha en la que dimitió) tenía asignadas entre sus competencias resolver aquellos expedientes en materia de disciplina urbanística en los que se decretaban sanciones y medidas de restablecimiento de la legalidad en el marco de la LOUA.

Sin embargo, apunta la resolución judicial, Diego Muñoz 'dejó dormir' en el cajón al menos cuatro expedientes sancionadores: uno sobre una construcción ilegal en un unifamiliar en la zona de Los Almendros; otro referente a una edificación irregular en la carretera de Sanlúcar (en el kilómetro 5); un tercer documento relativo a una parcelación ilegal de un terreno de 4.400 metros cuadrados en la carretera del Canal, junto al Pago Machete; y un último expediente seguido contra la Asociación de Vecinos Buenavista por el comienzo de una edificación y la ejecución de un cerramiento en la calle Laguna.

El juez considera acreditado que Muñoz no firmó "deliberadamente" los decretos en los que se acordaba la demolición de las obras realizadas, "bloqueando así los expedientes y manteniendo la situación antijurídica que los mismos pretendían solventar".

Durante la celebración del juicio, la defensa planteó que al entonces teniente de alcalde "no le pasaron las firmas de dichas resoluciones" y por ello no pudo consignarlas. "Sin embargo -indica el juez- vemos que la teoría de la defensa cae por su propio peso porque existe una contundente, clara y coherente prueba testifical" que avala que esos documentos le fueron entregados a Diego Muñoz para que los firmara y no lo hizo "ni en una primera ni en una segunda ocasión, ni tampoco cuando se le pidieron explicaciones de por qué no los rubricaba".

De otra parte, la defensa sostuvo en la vista oral que existió "una conspiración" para echar a Muñoz de la Concejalía Urbanismo por parte de varios funcionarios del Ayuntamiento y también por parte de Leocadia Benavente, teniente de alcalde de Hacienda a la fecha de los hechos y la persona que después lo sucedió en el cargo tras su dimisión. Según la defensa, Benavente actuó movida por la "ambición política".

La sentencia, no obstante, expone que esta "insólita" conspiración "carece de cualquier atisbo de veracidad, pues es increíble que con tanto tiempo de antelación se estuvieran preparando una serie de indicios o pruebas contra el acusado [...] por personas que no consta que tuvieran animadversión o enemistad contra él o interés alguno en perjudicarle".

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