Tal como temía el Sindicato Unificado de Policía (SUP), finalmente los agentes de Policía Nacional que estaban de guardia en la Comisaría durante el último fin de semana de septiembre en que se produjo el robo de los 300 kilos de cocaína del depósito oficial de droga de la Subdelegación del Gobierno han sido expedientados. La Comisaría provincial ha abierto un procedimiento sancionador a los doce agentes que trabajaron desde la noche del viernes del 28 de septiembre hasta la mañana del domingo del día 30, que fue cuando se descubrió el robo de la droga. En principio, se les imputa una falta leve porque entre sus misiones, además de atender las entradas y salidas en las dependencias y otros menesteres, tienen encomendada la visualización de las imágenes de las cámaras de seguridad del depósito que se reciben en un monitor de la Comisaría.

Desde el SUP mostraron ayer su indignación por la apertura de estos expedientes, al considerar que han tomado "como chivos expiatorios" a los agentes. "No es justo cuando los policías han hecho el mismo trabajo que hacían siempre", declaró ayer a este diario el secretario provincial del SUP, Francisco Camacho. "Miran las cámaras cuando pueden y no alertaron de nada porque no vieron nada. Si hubiera visto algo sospechoso, habrían alertado", explicó Camacho. Hay que recordar a este respecto que tras el robo, diversas fuentes apuntaron que esas cámaras no funcionaban, mientras que otras no descartaron que los asaltantes las hubieran manipulado para no ser captados.

El portavoz del sindicato volvió a incidir en que el almacén es responsabilidad exclusiva de la Subdelegación del Gobierno y de Sanidad Exterior. De ahí que reclamara que "es a personal de ambos organismos a los que deben expedientar". El SUP exige así las cosas el archivo inmediato de los expedientes, y asegura que practicará "una defensa a ultranza de los agentes".

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno desmintió "rotundamente" las críticas del SUP respecto a las medidas de seguridad en el depósito de droga habilitado en el parque móvil ministerial, negando que el zeta destinado allí tras el robo suponga "merma alguna" a la sociedad gaditana, como este diario avanzó ayer. "Cádiz cuenta con efectivos suficientes que garantizan el orden público y la seguridad ciudadana, y este refuerzo se enmarca dentro de las reorganizaciones habituales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y no resta operatividad en ningún momento", aseveraron desde el organismo.

El subdelegado, Javier de Torre, negó también que, como este diario desveló ayer, se haya colocado un palo de fregona para atrancar una de las ventanas del patio trasero del edificio colindante, desde el que los ladrones lograron entrar en el parque y desde allí hacer un agujero en la pared del búnker de la droga, asegurando que ese palo estaba colocado allí desde hace años.

No obstante, el SUP confirmó la veracidad de lo publicado por este diario, esto es, que el palo se ha colocado tras el robo, algo que este periódico había podido constatar además in situ, ya que no estaba cuando se descubrió el robo.

De otro lado, ayer la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, aseguró en una entrevista a Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, que la investigación está siendo "muy exhaustiva", añadiendo, como ya dijera hace un mes, que "pronto tendremos noticias al respecto" porque "se va a llegar hasta el final de sus últimas consecuencias".