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El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 ha condenado al Sistema Andaluz de Salud (SAS) por discriminar a una enfermera por no renovar su contrato mientras se encontraba de baja con un embarazo de alto riesgo. Con esta nueva sentencia, varios tribunales han resuelto que el SAS ha vulnerado derechos fundamentales de sus empleados en, al menos, seis ocasiones, durante los últimos dos años en Sevilla.

El último caso es el de P. S. R., una enfermera de 35 años que atesoraba tres años ocupando varios puestos en los centros de salud de Utrera cuando el SAS optó en septiembre de 2009 por no renovarle su contrato. P. S. R. se encontraba de baja, en reposo absoluto, por indicación de su médico. La asesoría jurídica del sindicato de Enfermería Satse la defendió ante los tribunales, que tildan de "discriminatorio" el trato ejercido por SAS hacia esta profesional. El juez dice ahora en la sentencia que el SAS ha vulnerado "el derecho fundamental de igualdad ante la ley reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española".

El juzgado condena así al SAS a abonar los 6.200 euros a la afectada que ha dejado de percibir y a restablecer todos sus derechos en la bolsa de empleados del SAS, incluido el ingreso de las cuotas de la Seguridad Social que le corresponden. La enfermera, que dio a luz a mellizos el pasado 5 de febrero, recuerda "el estrés y las contracciones que sufrió en diciembre pasado" por el trato que recibió del SAS y por el "temor de perder el puesto de trabajo", tras haberse quedado embarazada. Ahora, P. S. se siente "feliz" por sus pequeños y por el restablecimiento de sus derechos. Con la nueva sentencia, el Satse exige al SAS que "depure responsabilidades por este hecho gravísimo" y pide el cese del director gerente del Distrito Sanitario Sevilla Sur, Miguel Sanz, así como del director del personal y desarrollo profesional, Juan Carlos Díaz, por permitir esta vulneración a la igualdad.

La nueva sentencia contra el SAS se suma a una cadena de casos que desde hace varios años terminan en los tribunales -el SAS suele recurrir hasta la última instancia todos los procesos- con indemnizaciones a los trabajadores por lesiones en sus derechos fundamentales. En enero de 2009 otra enfermera, Teresa Seda, que tiene minusvalía, aplaudió la sentencia que le dio la razón y restituyó sus derechos a la igualdad y al trabajo. El magistrado obligó al SAS a indemnizar a Teresa Seda con 26.000 euros por no permitirle trabajar en áreas hospitalarias. Esta profesional sufre secuelas por un triple trasplante renal que no le impiden trabajar en hospitales salvo en la UCI y en servicios infecciosos. Sin embargo, el SAS la separó de este ámbito sin evaluar informes médicos.

El caso Puerta es otro de los procesos judiciales más polémicos sobre la vulneración de derechos fundamentales en el SAS. Hasta once sentencias -siete en juzgados de Primaria Instancia y cuatro en Segunda Instancia- han reconocido, hasta ahora, que el SAS vulneró el derecho a la libertad de expresión de cuatro médicos que criticaron, con cámara oculta, el sistema de Urgencias hospitalarias, en el programa La Noria de Telecinco, tras la muerte del futbolista Antonio Puerta. Tres médicos que fueron expedientados y suspendidos de empleo y sueldo por el SAS por las críticas que lanzaron en televisión esperan las sentencias definitivas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La cuarta persona afectada, M. I. G., cuenta desde octubre de 2009 con la decisión judicial firme, que ratifica que el SAS vulneró su libertad de expresión por la suspensión en su puesto de trabajo -cuatro meses- por decir en televisión que las Urgencias en Andalucía "están hechas un desastre". M. I. G. ha recibido una indemnización por cada día sin empleo ni sueldo por este motivo. Un portavoz de los cuatro médicos afectados en este caso reseñó ayer que tres de ellos tuvieron que darse de baja por depresión.