Denuncia que la instrucción viene lastrada por errores y equívocos hasta alumbrar la tesis de que "se ha intentado que la realidad no estropeara un buen proceso". Considera que se ha atacado a la independencia del tribunal, como cuando Rajoy se refirió en el debate de la moción de censura a la "sentencia de los ERE" generando en la sociedad un "prejuicio de culpabilidad" sobre este caso.

El escándalo del Tribunal Supremo con las hipotecas, la revisión de la condena de la Manada y las recusaciones de Bolaños y Alaya vuelven a poner el foco sobre los jueces y la Justicia.

La magistrada de la Audiencia seguía disponiendo de escolta y coche oficial a pesar de que desde 2015 estaba apartada de la instrucción de las macrocausas. El mantenimiento de la medida había generado ciertas críticas entre los jueces de Sevilla por el tiempo transcurrido y porque no se actuó de la misma manera cuando la juez María Núñez Bolaños, que la sustituyó en el juzgado, fue objeto de amenazas de muerte anónimas.

Si es rechazada, el ex consejero Vallejo podría ser multado con hasta 6.000 euros.

La ley de Régimen Jurídico del sector público establece que, una vez que la administración pública ha indemnizado a los lesionados, "exigirá de oficio" a sus autoridades y demás personal la responsabilidad en la que hubieran incurrido por "dolo, o culpa o negligencia graves". El CGPJ tuvo contratada hasta 2014 una póliza colectiva de responsabilidad civil que protegía a jueces y magistrados.

Alaya olvida que fue apartada de las macrocausas por sus críticas a su sucesora en el juzgado, María Núñez Bolaños.

Reitera que sufrió la injerencia del poder político por la falta de independencia de la Fiscalía y en la comisión de servicio que solicitó al CGPJ. Critica a la prensa porque "algunas de las expresiones puestas en su boca son titulares periodísticos" y son palabras que "nunca" pronunció.

El promotor entiende que no existió una "falta de consideración" a los miembros de la carrera fiscal, sino que fue una "crítica" dirigida al régimen legal de funcionamiento del Ministerio Público. El responsable de investigar las infracciones de los jueces aún no se ha pronunciado sobre las quejas que realizaron los propios jueces de Instrucción de Sevilla contra Alaya, así como las realizadas por el ex presidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopez y el ex interventor de la Junta Manuel Gómez, que está siendo juzgado en el caso de los ERE.

Bové Montero y el propio Jorge Castro, abogado y auditor de cuentas, controlan un 50% del accionariado de la nueva sociedad que ofrece servicios relacionados con auditoría, outsourcing, así como consultoría y gestión económica-financiera, contable y tributaria.

Un empresario no ha aportado el necesario poder notarial. La propia juez responderá a su supuesta "antipatía y animadversión" al PSOE.