Tecnología

Google debate en Madrid el equilibrio entre el derecho a la información y la privacidad

  • La tecnológica ha conformado un grupo de trabajo de expertos independientes para determinar las directrices que ha de seguir para aplicar la sentencia sobre el derecho al olvido.

Los complejos equilibrios entre privacidad y derecho a la información y la dificultad de aplicar la sentencia del "derecho al olvido" se han puesto de manifiesto en la primera reunión pública del consejo asesor de Google en esta materia. La tecnológica estadounidense ha conformado un grupo de trabajo de expertos independientes para determinar las directrices que ha de seguir para aplicar esa sentencia en Europa.

El Tribunal de Justicia de la UE reconocía el pasado mayo que los ciudadanos tienen derecho a ser "olvidados" en internet, es decir, que pueden reclamar a Google y otros buscadores que retiren de sus resultados de búsqueda los enlaces a informaciones que les perjudican y ya no son pertinentes. Son Google y las compañías responsables de otros buscadores los que han de evaluar si las peticiones se ajustan a los requerimientos de la sentencia europea. El consejo asesor de Google ha visitado Madrid para escuchar la opinión de diversos expertos españoles, a primera cita de un tour europeo que recorrerá Roma, París, Varsovia, Berlín, Londres y Bruselas.

La división de la balanza entre la protección de datos, la intimidad, el derecho al honor y el derecho a la información ha sido un tema recurrente en la reunión, en la que se ha juzgado la idoneidad de Google como actor que decide qué derecho prevalece en cada caso o cuándo una información deja de ser relevante o se convierte en obsoleta. "Necesitamos un equilibrio entre el derecho a la información y la privacidad", ha indicado el presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt.

La vicepresidenta de la Asociación Española de Profesionales de la Privacidad, Cecilia Álvarez, ha destacado que la sentencia del TJUE tiene implicaciones en ámbitos que van más allá de la protección de datos como son los derechos a la imagen, el honor, la información o la intimidad. No considera que Google, una empresa privada y no una institución pública, sea el actor adecuado para evaluar si un enlace debe ser retirado y ha pedido que los editores de información tengan un papel activo en la aplicación del derecho al olvido.

En ese sentido, el doctor en Derecho Alberto Iglesias Garzón ha criticado que Google se convierta "en juez y parte", algo que en un caso extremo podría conllevar el riesgo de "instrumentalización y segmentación de la privacidad". Iglesias ha afirmado que la aplicación del derecho al olvido es una "tarea titánica" que convierte a los buscadores en editores y no en mensajeros de la información, lo que tiene un impacto negativo en la libertad empresarial.

Por su parte, la ex directora de la Biblioteca Nacional, Milagros del Corral, ha aseverado que la eliminación de enlaces, si se generaliza, puede "desembocar en la distorsión de la Historia" puesto que se prescinde así de un útil elemento de información para juzgarla. Del Corral ha instado a que se evite que los ciudadanos puedan, aupados por motivos de conveniencia y orgullo, hacerse una reputación digital a medida en el mundo digital.

También preocupado por que el derecho al olvido se convierta en "derecho a la impunidad", el presidente de Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Alejandro Perales, ha exhortado a crear un modelo de decisión más colaborativo entre las distintas partes implicadas: autoridades, empresas editoras y buscadores.

Sin embargo, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo ha recordado que el derecho al olvido no conlleva censura porque no se borran los contenidos. Está convencido de que la sentencia sirve para que los buscadores mantengan la calidad de los datos retirando enlaces de información que carece de interés por ser obsoleta o irrelevante. Precisamente determinar cuándo una información pierde relevancia e interés público es uno de las variables más complejas del proceso de retirar los enlaces, a juicio de los ponentes.

La Agencia Española de Protección de Datos ha explicado que "como autoridad de supervisión y control en materias de protección de datos, no participa en consultas públicas promovidas por compañías o sujetos cuya actividad en materia de protección de datos debe supervisar". Entre el 29 de mayo y el 1 de septiembre, Google ha recibido 120.000 solicitudes de derecho al olvido relativas a 457.000 URL, aunque no ha hecho público el número de requerimientos a los que se ha respondido con el borrado del enlace de los resultados de búsqueda. La eliminación de los enlaces en los resultados del buscador solo se aplica a las búsquedas realizadas por nombre y apellido, no por los hechos relatados.

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