El presidente andaluz, Jose Antonio Griñán, ha calificado este jueves de "disparate" lo que ha denominado como "ofensiva" política contra el decreto andaluz antidesahucios, que ha sido suspendido de forma cautelar por el Tribunal Constitucional al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno. Griñán ha declarado a los periodistas que parte de la premisa de que el Gobierno del PP actúa de buena fe, pero ha considerado "chocante" que "primero dijera que iba a recurrir, luego que no iba a recurrir" o que el decreto se aprobara en el Parlamento andaluz "sin el voto en contra" del PP de Andalucía.

"Dijeron que el decreto no tenía ninguna norma nociva y ahora parece que esto es lo peor que se le puede hacer al sistema financiero. Todo esto es un disparate", ha denunciado. El dirigente socialista ha esgrimido que lo que hay que hacer es pensar "un poquito más" en las personas y en las familias que van a perder la vivienda, que en el daño que se le puede hacer al sector financiero. "Les aseguro que no es mucho teniendo en cuenta que los españoles hemos puesto 41.000 millones de euros para salvar al sistema financiero", ha indicado Griñán. Después insistir en la idea de que el Tribunal Constitucional se ha limitado a "cumplir con su obligación", que supone la paralización del decreto, el presidente de la Junta se ha mostrado convencido de la "plena constitucionalidad" del denominado decreto-ley sobre la Función Social de la Vivienda.

Según Griñán, ya hay precedentes jurisprudenciales que dicen que la propiedad tiene que estar siempre subordinada a su fin social y que las expropiaciones de uso son competencia también de las comunidades autónomas, por lo que ha augurado que la Junta "va a ganar y es posible, con prontitud". "Quisiera decir algo que me preocupa. Cuando por parte de los ciudadanos se pone dinero para salvar al sector financiero, digo yo que las condiciones deben ponerse al sector financiero y no a los ciudadanos", ha esgrimido.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha asegurado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy comete la "indecencia" de defender a los poderos y a la banca, frente a lo que tiene que ser una necesidad de defensa de los ciudadanos que se pueden quedar "de hoy para mañana" sin su techo.

Asimismo, Valderas ha insistido en que, a partir de este jueves y si se confirma una posible paralización por parte del Tribunal Constitucional de la acción del decreto, cualquier desahucio tendrá "el rostro del Partido Popular, del señor Rajoy, del señor Zoido y de todos aquellos que en el marco de la acción política del PP defienden una cuestión de tan sinsentido como un recurso de estas características".  Ha manifestado que comprende que, por ejemplo, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, estará "aplaudiendo con las orejas" la decisión que ha adoptado el Gobierno de Mariano Rajoy. El vicepresidente de la Junta ha confiado en que el Tribunal Constitucional rechace el recurso del Ejecutivo nacional, pero "entre que lo rechaza y no, tendremos cinco o seis meses en los que va a haber más dolor" para las familias afectadas, mientras que habrá "mucha alegría en un sector bancario" que no "es capaz de hacer nada" por quien necesita una mínima ayuda.

Ha manifestado que el "plan B" de la Junta tras la decisión del Gobierno sobre el recurso será defender "a ultranza" una norma que ha aprobado el Parlamento sin votos en contra. Valderas también ha hecho un llamamiento a la sociedad para defender sus derechos de ciudadanía y la vivienda como un derecho legítimo de cualquier familia a tenerla. Ha expresado que comparte las movilizaciones que se están planteando por parte de la plataforma frente a los desahucios y de organizaciones políticas, como IULV-CA