La fórmula de pago en especie de la deuda histórica parece ir ganando enteros. La consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, confirmó ayer que la Junta de Andalucía está estudiando todas las posibilidades de liquidación de los 1.204 millones que deberá el Gobierno central ingresar en las arcas autonómicas en el plazo de un año, de manera que, además del cheque o en metálico, los metros cuadrados en terrenos estatales se plantean ya como una de las opciones de cobro.

En comisión parlamentaria, Martínez Aguayo, quiso dejar claro que no se va a negar a nada que pueda interesar a Andalucía y apuntó a la cesión de suelos, que podrían destinarse a la construcción de viviendas protegidas u otro tipo de instalaciones, exponiendo como ejemplo el solar de Los Gordales en Sevilla, donde está prevista la construcción de la Ciudad la Justicia.

"Se trata de un terreno que interesa a Andalucía, y en él caben, además de la Ciudad de la Justicia, viviendas y aparcamientos, esos terrenos tienen un valor", dijo Martínez Aguayo, que reiteró que la deuda se pagará "como y cuando" le convenga a Andalucía. "A lo mejor viene bien que se salde mediante la entrega de solares donde construir viviendas protegidas. Aún no lo sé, pero a lo mejor interesa", insistió. Una postura que reforzó, además, recordando que la Junta está precisamente comprando suelo para poder dar respuesta a la demanda creciente de VPO.

La confirmación de que la Consejería de Economía está manejando esta modalidad de pago en especie se produjo mientras Martínez Aguayo respondía a una pregunta del diputado popular Salvador Fuentes, al que reprochó la "ficticia" polémica suscitada a este respecto, considerando "poco razonable" la postura de la oposición.

Con este traspaso de propiedad de suelo quedaría resuelto parte del pago de la deuda histórica, ya que se considera que su carácter es finalista y debe ir dirigido a corregir el déficit que arrastraba la comunidad en materia de vivienda, pero también de educación y salud. De hecho, este fue el principal argumento que esgrimió el Ejecutivo andaluz y el PSOE para rechazar las propuestas lanzadas por el PP de usar este dinero para paliar la situación de asfixia de los ayuntamientos andaluces.

En esos suelos de futura propiedad autonómica podrían edificarse algunas de las 132.000 viviendas recogidas en el Plan de Vivienda y Suelo 2008-2012, de las que el consejero del ramo, Juan Espadas, adelantó también en el Parlamento que ya han sido calificadas en lo que va de año 8.081. Una cifra récord si se atiende a que es un 61% más de lo calificado en este mismo periodo de 2008 y a la cifra final de 2007, cuando las VPO calificadas fueron poco más de 10.000.

Esta evolución, unida a que el nivel de solicitudes de los constructores asciende ya a 22.000 viviendas, hace prever que se supere con creces el reto marcado para este año de alcanzar las 24.000 calificaciones. No obstante, el mérito no está sólo en la gestión de la Consejería, sino en el actual ciclo económico, en el que los constructores ante la caída de la vivienda de renta libre se animan a construir más VPO.

Aunque sean "casas de papel", Espadas defendió del ataque del PP la importancia de estas cifras, ya que recordó que la calificación es el "primer paso" para su construcción -hasta que se entrega la llave, el promedio de espera es de entre tres y cinco años-, un proceso que, por otro lado, se está viendo afectado por la restricción del crédito bancario. Hasta un 37,5% de las promociones están atascadas en la fase de estudio de concesión del dinero por parte de bancos y cajas, algo que Espadas se comprometió a intentar "desbloquear".