El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, cree que "la vuelta" a la cadena perpetua "mediante la denominación de prisión permanente revisable" impulsada por el Gobierno central "puede situarnos en la antesala de la recuperación de la pena de muerte". El consejero ha aludido también en su intervención en un foro a otro fenómeno "preocupante": la instauración "de un populismo punitivo". La prisión provisional, ha dicho, "parece calmar las ansias de venganza colectiva de la sociedad", convirtiéndose "en un modo de anticipar la pena". "La sociedad está reclamando la prisión inminente y sin juicio de los acusados sin sentencia que los condene a una pena de prisión", ha subrayado Emilio de Llera. 

En su intervención, el consejero ha analizado otros asuntos de actualidad, como la polémica Ley de Tasas aprobada por el Gobierno y que la Junta ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, la cual, a su juicio, "atenta" contra derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y de igualdad ante la Ley. A su juicio, esta Ley "produce una fractura social" entre las personas con más posibilidades económicas "y la amplia mayoría de ciudadanos que no podrán acceder a la justicia", añadiendo que se trata de una ley "claramente disuasoria".

De Llera ha considerado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "está bastante desorientado, lo que es curioso, porque es fiscal". "Los grandes males de la justicia están perfectamente identificados, pero está inventando cosas nuevas, parece ministro de otra cosa", ha puesto de manifiesto. A su juicio, las reformas emprendidas por Gallardón son como si a una persona "que tiene mucha hambre le ofrecemos una gamba en lugar de un plato de cocido". También ha denunciado la negativa del Gobierno central a incrementar el número de jueces y fiscales y que no acometa reformas para cambiar la estructura obsoleta de los órganos judiciales, al tiempo que ha criticado la inadecuada planta y demarcación judicial o la vigencia de leyes y modelos de enjuiciar "decimonónicos".

El consejero también ha puesto de manifiesto los problemas cuya resolución debe ser asumida por el Gobierno de Andalucía, como la "obsoleta e incoherente" organización y distribución de los recursos humanos, la mejora de los edificios judiciales o el impulso de nuevas aplicaciones informáticas que modernicen este servicio. Sobre las nuevas infraestructuras judiciales, ha reconocido las dificultades económicas y presupuestarias actuales para el desarrollo de estos proyectos, pero ha incidido en la conveniencia de avanzar en las operaciones y trabajos previos correspondientes para que, en cuanto cambie la situación y sea posible, se puedan acometer esas grandes obras necesarias.

No obstante, ha afirmado que la solución a los problemas esenciales de la Justicia, como mantiene el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), no ha de venir necesariamente de la mano de la construcción de nuevas sedes judiciales, sino también de otras medidas como el impulso de las nuevas tecnologías y telecomunicaciones, un factor clave para la modernización real de la justicia. En este ámbito, el consejero ha resaltado como retos la consecución de la interconexión y la interoperabilidad de los sistemas informáticos judiciales andaluces, entre sí y con los del resto de España, y el avance progresivo en la implantación del expediente digital y el archivo electrónico. Entre los avances tecnológicos registrados en Andalucía, se ha referido a la desarrollo del sistema de comunicaciones judiciales telemáticas Lexnet, el sistema de interconexión de consultas, el programa de gestión de archivos Jara o el nuevo sistema de gestión procesal Adriano.

Por otra parte, se ha referido también al alto volumen de litigiosidad que soportan los tribunales de Andalucía, que ingresan cerca de dos millones de asuntos anuales, y ha expuesto la necesidad de fomentar otras formas de resolución de conflictos, como son la mediación y el arbitraje. También ha recalcado el compromiso de su departamento en la lucha contra la violencia de género, anunciando la formación de los agentes de la Unidad de Policía adscrita a la Junta y de las Policías Locales en la búsqueda de mecanismos de detección temprana de las situaciones de riesgo para las mujeres potencialmente vulnerables.