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Andalucía

El PP rechazará la cesión de la gestión del Guadalquivir

  • La petición unánime del Parlamento andaluz será hoy negada por el Congreso pese al apoyo de los populares andaluces

Unos meses antes de las elecciones generales el PSOE presentó una iniciativa en el Parlamento andaluz en el que copió y pegó el decreto por el que Gobierno le traspasó las competencias del Guadalquivir en 2008. El único cambio fue que en lugar de un traspaso reclamó una delegación de las competencias, ya que en marzo de 2011 el Tribunal Constitucional tumbó esta transferencia.

La iniciativa llegó al Parlamento andaluz en diciembre. La apoyó IU y también el PP andaluz, que no quiso quedarse fuera de una reivindicación que ya apoyó en la reforma del Estatuto. Entonces se barruntaba la victoria de Mariano Rajoy y otro frente abierto por las competencias del Guadalquivir si el PSOE continuaba en la Junta. Ese guión se cumplió y hoy representantes de la Junta de Andalucía (en concreto, la consejera de la Presidencia, Susana Díaz) y el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, asisten a la defensa de esta propuesta en el Congreso por parte de los tres representantes de los grupos parlamentarios.

Pero esta iniciativa se encontrará con la oposición del grupo mayoritario en la Cámara. Fuentes del PP anunciaron ayer a Europa Press que votarán en contra de la toma en consideración de esta propuesta, a pesar de que cuenta con el respaldo de los populares. Esas mismas fuentes señalaron que hay "dos sentencias del Tribunal Constitucional" sobre este asunto "clarísimas".

El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, aseguró ayer en rueda de prensa que la posición de su formación "es la misma que hace un año", cuando votaron a favor de la transferencia de competencias, por lo que tendrán el mismo discurso en el Congreso que el que tuvieron en el Parlamento. Sanz señaló que hay un recurso de inconstitucionalidad que está estudiando el grupo parlamentario del PP en el Congreso "para tomar la decisión oportuna".

La proposición no incluye la delegación de las competencias que inciden sobre el régimen jurídico de las aguas, cuyo ejercicio se reserva íntegramente al Estado junto con las correspondientes fórmulas de control.

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