El juicio a antiguos responsables de UGT-Andalucía por un presunto fraude en subvenciones se retomó ayer en la Audiencia de Sevilla con un interminable interrogatorio a un sargento de la Guardia Civil que ofició como secretario de varios atestados durante la investigación. Más allá de la luz que aportase al tribunal, que diríase que fue más bien poca, lo interesante de su confrontación con las defensas fue el intento de algunas de sonsacarle que los investigadores reflejaron información “irrelevante” en sus informes. El fiscal de Anticorrupción también contraatacó y extrajo del testigo una referencia a un curso de formación que, según la documentación del sindicato, ocupaba a los alumnos “21 horas y 33 minutos al día”.

“Sí que me llamó la atención esa ratio de horas”, reconoció el sargento primero. “Pero no dije que esa factura fuese falsa”, matizó a preguntas de la abogada del consejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea.

En cuanto a la supuesta intrascendencia de partes de algunos atestados, el agente no llegó a contestar nada porque el presidente del tribunal respondió rápidamente al letrado Luis López de Castro, que fue quien planteó esa duda como defensor de Federico Fresneda, ex secretario general de Administración de UGT-A. “También son irrelevantes para el enjuiciamiento”, le espetó Ángel Márquez.

El abogado defensor citó dos de esos datos que aparecían en los atestados. Uno, el nombre de la mujer que “ponía las inyecciones” a Manuel Pastrana, entonces máximo responsable de UGT-A.Y otro, la conversación telefónica entre el acusado Francisco Fernández Sevilla, secretario general de la federación, y Carmen Castilla, actual diputada del PSOE, en la que esta última protestaba por que la comparasen con la presidenta de la Junta: “Susana [Díaz] es muy fea”, le soltó.