Vox recupera su aspiración de acabar con la Ley de Memoria Democrática de Andalucía y lo hace con el impulso de una proposición de ley de concordia entre españoles. Es el segundo intento de los socios externos del Gobierno andaluz de sacar adelante una norma de este calado, aunque el texto que registraron el pasado martes es mucho más prolijo que el primero, que data de enero de 2020.Año y medio después, la formación vuelve a la carga con la intención de que se cumpla el punto 33 del acuerdo de investidura de Juanma Moreno.

En ese periodo el escenario ha cambiado mucho. El portavoz de Vox es Manuel Gavira, que ha imprimido un estilo más áspero a la relación con el Ejecutivo. Además, la legislatura enfila su recta final con el rumor constante de un adelanto electoral provocado, en parte, por la incertidumbre sobre cuál será el motivo que provoque una ruptura definitiva entre el Gobierno y sus socios habituales. La proposición de ley de concordia puede serlo, pero en la formación explican que no han registrado el nuevo texto con la intención de elevar la presión sobre San Telmo. No obstante, esas mismas fuentes muestran su descontento por la actitud del Ejecutivo de PP y Cs ante la lentitud en el cumplimiento de los compromisos acordados.

No es la primera vez que Vox se queja por esa lentitud. Ya ocurrió en la negociación de los Presupuestos vigentes. De hecho, la exigencia de la formación de Santiago Abascal en aquellas conversaciones fue acelerar las reformas atrasadas y que ya estaban en los acuerdos alcanzados previamente. El caso de la ley de concordia es muy ilustrativo, ya que aparece en el primer documento que firmaron Vox y el PP, en enero de 2019.

El obstáculo, entonces y ahora, es que el Gobierno, por voz de la consejera Patricia delPozo, defendió que la norma que sustituyese a la ley de Memoria Democrática debía tener, al menos, el mismo nivel de consenso. Aquel texto salió adelante con los votos a favor de PSOE, Podemos e IU y la abstención de PPy Ciudadanos, por lo que una entente similar será difícil de repetir. En Vox aseguran que no tiene constancia de la postura que tomará el Gobierno, que debe emitir un informe sobre la idoneidad del texto antes de que llegue al Parlamento. Esto no ocurrirá antes del mes de septiembre, ya que sólo queda un Pleno en este periodo de sesiones.

El texto busca la “reparación de todas las víctimas del periodo histórico que abarca desde la proclamación de la II República hasta la muerte del general Franco”. En el primer artículo habla del “reconocimiento de todas las personas que sufrieron persecución” en esos años, mientras que en el segundo ensalza el “espíritu de reconciliación y perdón que iluminó la transición”. La norma reconoce los derechos de encontrar a los desaparecidos “independientemente del bando” y el de garantizar “la máxima imparcialidad al tratar temas tan sensibles (...) en las escuelas, universidades, medios de comunicación”.

La ley propuesta por Vox reconoce como víctima a las personas que “sufrieron daños físicos” y “persecución” por “cualquier circunstancia personal” y añade la definición de “caído” como “toda persona que murió en acto de guerra” durante la contienda. El texto rechaza la retirada de símbolos y homenajes a víctimas y caídos, así como “el posicionamiento a favor o en contra” de estas personas”. También se crea la categoría de “acto contrario a la concordia”, entre los que se encuentran las actuaciones de las administraciones públicas que “pretenda influir o manipular” el periodo histórico al que afecta la ley, así como la eliminación u ocultación de símbolos que rememoren sucesos acaecidos en la República, la Guerra Civil o el “régimen franquista”, al que nunca se refiere como una dictadura.