El informe que encargó la semana pasada el presidente del Congreso, Jesús Posada, a los servicios jurídicos de la Cámara Baja sobre la contrata de cafetería que tiene adjudicada el grupo Arturo Cantoblanco no ha detectado ninguna irregularidad, ni pagos en negro entre sus trabajadores. "No se ha detectado ninguna actuación fuera de la ley. El estudio concluye que aquí se ha actuado con plena normalidad y que en el pasado también ha habido absoluta normalidad", ha afirmado Posada, tras repartir el informe a los miembros de la Mesa del Congreso.

El informe fue encargado después de que la cadena Ser difundiera el testimonio de trabajadores del grupo -propiedad del vicepresidente de la CEOE Arturo Fernández- que aseguraban que las horas extra, así como los complementos por cargos de responsabilidad, se retribuyen de forma habitual en dinero negro. El estudio indica que el Congreso no ha tenido "conocimiento formal" de queja alguna por parte de los empleados del Grupo Cantoblanco que prestan servicios en la Cámara y cuya contrata se remonta, bajo distintas denominaciones empresariales, a 1995.

Así, de la documentación que obra en poder del Congreso, tampoco se desprende, aparentemente, incumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, en el ámbito del contrato que tiene formado con la Cámara. "Resulta evidente que para constatar la existencia de tal incumplimiento es preciso contar con algún fundamento jurídico más sólido que la actual información con la que se cuenta", añade.

En cualquier caso, y en el caso de que se constatara un incumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones con el fisco o con la Seguridad Social, el informe señala que "podría plantearse la resolución del contrato vigente" que expira el próximo mes de septiembre, y que el Congreso va a sacar a concurso como es preceptivo. "Se ha de tener en cuenta que el actual contrato se encuentra en fase de prórroga, la cual finaliza el 1 de septiembre de 2013, habiéndose iniciado por la Secretaría General de la Cámara las gestiones oportunas para sacar a concurso un nuevo procedimiento", subraya.

El informe, de seis folios, hace un pormenorizado relato de la relación contractual entre el Congreso y las empresas de Arturo Fernández desde 1995. Asegura el Congreso que desde esa fecha, la empresa ha venido prestando el servicio "de forma ordinaria, aunque no siempre a satisfacción de los usuarios", lo que ha motivado quejas y la intervención puntual de la Secretaría General de la Cámara.

Por otro lado, a lo largo de los años, la Cámara ha tenido conocimiento de algunas "incidencias en la vida empresarial del concesionario" que pudieron generar "inquietud o incluso suscitar rechazo". Detalla una diligencia de embargo de la Agencia Tributaria de 13 de febrero de 2012 por importe de 3,6 millones de euros a nombre de Arturo Grupo Cantoblanco, S.L., aunque el Congreso no adoptó ninguna medida al respecto, ya que no se trataba de la empresa concesionaria del servicio de cafetería en ese momento.