La ministra de Empleo, Fátima Báñez, justificó ayer la reforma de pensiones que plantea el Gobierno en que el déficit acumulado de la Seguridad Social hasta 2016 llegará a los 36.500 millones de euros, lo que dificultará el pago de las prestaciones y provocará el agotamiento del Fondo de Reserva.

En una comparecencia en el Pacto de Toledo, Báñez anunció que, hasta finales de año, el Gobierno tendrá que sacar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social -la conocida como hucha de las pensiones- 6.148 millones de euros, de los que 720 millones se utilizaron ayer mismo.

De acuerdo con sus cifras, durante 2012 y 2013 el sistema habrá consumido 23.631 millones de euros del Fondo, que, hasta hoy, estaba dotado con 59.385 millones, lo que equivalía al 5,77% del PIB.

En julio pasado se tuvieron que emplear 4.500 millones para el abono de la paga extra de verano de los pensionistas. Con la reforma del Gobierno se ahorrarán 33.500 millones de euros, en un momento en que la Seguridad Social acumula una pérdida de 3.165.363 ocupados y se prevé que en 2050 los mayores de 65 años representen el 37% de la población, 20 puntos por encima del porcentaje actual.

Báñez defendió la reforma del Gobierno porque adecúa las pensiones a la esperanza de vida (el denominado factor de sostenibilidad) y garantiza que siempre suban (el 0,25% si hay crisis económica y el 0,25% más el IPC como máximo si la situación es de bonanza).

El plan se hace pensando en los pensionistas de hoy y en los de mañana, resaltó la ministra, quien emplazó a los partidos a que presenten, durante el trámite parlamentario, sus propuestas porque la subida de las pensiones del 0,25% fijada para 2014 puede ser mayor si así lo deciden las Cámaras. Báñez insistió en que los pensionistas mantendrán su poder adquisitivo en el medio y el largo plazo con su propuesta de modificación del cálculo de la revalorización anual gracias a la desindexación de precios que el Gobierno pretende aprobar y que, según ella, permitirá contener la inflación. "Nos preocupa que la cuantía de las pensiones sea adecuada, suficiente y periódicamente actualizada. Pero que en situaciones excepcionales de crisis pueda haber una pérdida de poder adquisitivo no es incompatible con que en situaciones de normalidad y crecimiento haya un incremento", señaló.

La respuesta de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, fue que no les gusta la reforma y que ven difícil el acuerdo. Pidieron que se busquen más ingresos en el sistema y que el objetivo no sólo sea recortar gastos.

Valeriano Gómez (PSOE) exigió su retirada y reprochó a Báñez que recibiera la Seguridad Social con un desequilibrio de 720 millones y que lo haya elevado a 13.000 millones, así como que haya perdido 900.000 afiliados por la reforma laboral.

Por su parte, Báñez le pidió que "no grite tanto" y hable con "cabeza" y de todos los números, ya que el PSOE dejó el sistema en déficit y no ingresó 14.000 millones de excedentes en el Fondo de Reserva. La ministra recordó que no lo emplearon para evitar en 2011 la congelación de las pensiones.

Joan Coscubiela (IU-ICV-Cha) acusó al Gobierno de manipular y engañar a los ciudadanos para aplicar su reforma y Carles Campuzano (CiU) expresó su convicción en que la reforma supone una ruptura del Pacto de Toledo.

Emilio Olabarría (Grupo vasco) dijo que "todo el mundo" está en contra de esos cambios y advirtió que pueden ser inconstitucionales y Álvaro Anchuelo (UPyD) consideró que la llamada del Gobierno a negociar está "viciada" porque las medidas ya están aprobadas.

El debate de la reforma coincidió con la entrega, en el Congreso, de un manifiesto elaborado por las asociaciones de jubilados de CCOO y UGT para denunciar los recortes impuestos por el Gobierno, especialmente contra el colectivo al que representan.