La Audiencia Nacional propone algunas modificaciones al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, entre ellas reforzar una interpretación a favor de la jurisdicción española en el artículo introducido para limitar la aplicación en España de la justicia universal.

Esta es una de las sugerencias aportadas por el informe de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, reclamado por el Consejo General del Poder Judicial, que en calidad de órgano consultivo deberá emitir uno al Gobierno.

La Audiencia Nacional analiza el artículo 69 del anteproyecto, que introduce la reforma legal sobre la justicia universal, del que comenta que es de "una sistemática mejorable".

Para la Audiencia, convendría verificar algunos cambios en el apartado 4 d del artículo 69, relativo a la atribución de competencia a la jurisdicción española para conocer de hechos cometidos fuera del territorio nacional, concretamente en espacios marítimos.

El artículo 69.4 establece que será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de ser tipificados como algunos delitos con condiciones expresadas en diferentes apartados de este precepto.

En concreto, el apartado D se refiere a "delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en espacios marinos en supuestos previstos en tratados ratificados por España o en actos normativos de una organización internacional de la que España sea parte".

Además, sustituir "espacios marinos" por "espacios marítimos" ya que "las normas de Derecho Internacional Marítimo utilizan de forma prevalente esa expresión para referirse a los espacios de su incumbencia y solo en las normas de carácter medioambiental se utiliza preferentemente la otra".

Por su parte, el PP rechazó ayer en el pleno del Senado la moción presentada por los grupos de la oposición en la que se instaba al Gobierno a derogar la ley de justicia universal, que entró en vigor el pasado 15 de marzo. La oposición ha considerado una "chapuza normativa", un "despropósito" y un "disparate" la reforma de la justicia universal promovida por el PP, además de expresar sus dudas sobre la constitucionalidad de la norma. Los populares replicaron que la ley de justicia universal vigente es "absolutamente respetuosa con la Constitución y con el derecho internacional".