El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente al propietario del edificio La Rimaia, que está ocupado ilegalmente y pendiente de ser desahuciado por orden judicial, por "mantener el edificio vacío sin justificación durante décadas", desde 1993.

Según el expediente, el propietario habría incumplido la función social del inmueble prevista en el artículo 41 de la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña, aprobada en 2007, al haber rechazado de forma reiterada las medidas de fomento para destinar estos pisos al alquiler, por lo que el consistorio le puede imponer una sanción de entre 25.000 y 500.000 euros.

Este artículo de la ley considera que es una situación anómala de un edificio "la desocupación permanente, la sobreocupación y la infravivienda", y establece que "la administración competente, si tiene constancia de que una vivienda o un edificio de viviendas se utiliza de forma anómala o un inmueble se halla en situación anómala, debe abrir el oportuno expediente administrativo".

Según fuentes municipales, el hecho de que la finca haya sido ocupada de forma ilegal desde agosto de 2010 "no es justificación para incumplir la ley, según la jurisprudencia reciente".

El gobierno municipal de Ada Colau, que ha solicitado al juez la suspensión de la orden de desalojo del edificio, ha pedido al propietario del inmueble negociar fórmulas para destinar las viviendas a alquiler social.

El expediente de declaración de situación anómala se ha abierto sobre 5 viviendas, y las multas coercitivas se inician con importes de 5.000 euros por cada vivienda, es decir, 25.000 euros en total para toda la finca. Si el expediente deriva en sancionador, la cantidad máxima prevista es de 500.000 euros.