La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, atribuyó ayer a razones "estrictamente penitenciarias" el traslado del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi a una cárcel de Logroño.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Ministros, la vicepresidenta garantizó   que el Gobierno no ha cambiado "absolutamente para nada" su política antiterrorista, lo que incluye también, dijo, la referida a Instituciones Penitenciarias.

"El Gobierno no comenta nunca los traslados de los presos, ni cuando se acercan ni cuando se alejan y, por lo tanto, las razones son estrictamente penitenciarias", explicó De la Vega.

Otegi permanecía desde hace casi un mes en el centro penitenciario donostiarra de Martutene desde que a mediados del pasado mes de abril la Audiencia Nacional le concediera un permiso para hacer dos visitas a su padre enfermo. Cuando el tribunal le otorgó ese permiso, Otegi -preso desde octubre de 2009 acusado de intentar reconstruir la formación ilegalizada- estaba en la cárcel madrileña de Navalcarnero, desde la que fue trasladado a Martutene para facilitar las visitas a su progenitor.

La viuda del inspector de la Policía Nacional asesinado por ETA Eduardo Puelles, Francisca Hernández, afirmó ayer que los permisos y beneficios concedidos a dirigentes del entorno etarra suponen un agravio para las familias de las víctimas.

Hernández, cuyo marido fue asesinado el 19 de junio de 2009 en Arrigorriaga (Vizcaya) con una bomba-lapa, y la viuda del inspector Luis Andrés Samperio Sañudo, a quien también mataron los terroristas de ETA de un tiro en la cabeza en 1997 en Bilbao,  recibieron ayer la insignia de oro del Sindicato Profesional de Policía (SPP) en la clausura del XVII congreso nacional de la organización, celebrado en Alicante.

Aunque sin citarlos expresamente, la viuda de Puelles ha declarado a los periodistas que el reciente permiso a Otegi para visitar a su padre enfermo y la libertad bajo fianza del ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga para cuidar de su madre causan "risotadas" en el mundo radical. Recordó además que su marido fallecido tiene dos hijos que le necesitan "todos los días" sin posibilidad de compensar su pérdida y que su esposo también tiene una madre mayor "a la que no puede ir a cuidar" porque precisamente ha sido asesinado por los terroristas.

Mientras tanto, los cuatro presuntos militantes de la organización SEGI, rama juvenil de ETA, detenidos el jueves en Francia comparecieron ayer ante el Tribunal de Pau (al suroeste de Francia), donde se les notificó la euroorden emitida en su contra. Los cuatro permanecerán en la prisión de Seysses a la espera de que, previsiblemente el próximo día 11, el tribunal dictamine si los entrega o no a las autoridades españolas, explicó a Efe uno de sus abogados.

Los tres presuntos etarras Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián, juzgados esta semana por el atentado de la T-4 de Barajas, volverán a sentarse en el banquillo de los acusados los próximos 25 y 26 de mayo por intentar colocar un coche-bomba en la zona comercial de Azca en Madrid en 2007.

El fiscal, que pide penas de entre 30 y 33 años de prisión, imputa a todos ellos un delito de conspiración para la realización de estragos terroristas, pertenencia a banda armada, tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos terroristas, y añade para Portu y Sarasola el de tenencia ilícita de armas terroristas.