El relator de la ONU Pablo de Greiff reprochó ayer al Estado que no investigue ni enjuicie los "graves" crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, y pidió que se facilite el acceso a la Justicia de todas las víctimas, a las que ve separadas por una "inmensa distancia" con las autoridades españolas.

Tras una visita de diez días a España, el relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición difundió sus conclusiones preliminares con una serie de recomendaciones al Gobierno, entre ellas, privar de efectos a la Ley de Amnistía de 1977.

En conferencia de prensa, De Greiff hizo suyas las recomendaciones del Comité contra la Tortura y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, especialmente en materia de Justicia que es donde se observan los "mayores déficits".

Así, pide al Estado que deje sin efectos la Ley de Amnistía de 1977 y que haga posible el acceso por parte de las víctimas del franquismo al aparato judicial, adecuando las leyes españolas a los estándares internacionales.

En España se ha alegado que "esta ley no es una ley de punto y final", señaló, si bien "acabó cumpliendo las funciones de una ley de punto y final en tanto que se ha utilizado para archivar prácticamente la totalidad de los casos que llegan ante los jueces".

De Greiff recordó que en países donde no se han derogado leyes de amnistía, los tribunales han encontrado interpretaciones de esas normas "que no han impedido el procesamiento de los presuntos responsables".

El delegado de Naciones Unidas agregó que es "especialmente sorprendente" que el Estado no haya hecho más en favor de los derechos de las víctimas ya que "no son asunto de política partidista ni de redimir determinados programas políticos particulares sino de derechos que conciernen a todos".