La crisis catalana

El Supremo no juzgará a los seis acusados de desobediencia en el 'procés' y reduce su banquillo a 12 procesados

  • El TSJC juzgará cinco ex miembros de la Mesa del 'Parlament' y a una ex dirigente de la CUP   

El magistrado Manuel Marchena (centro) los otros seis miembros del Supremo que juzgarán a los líderes del 'procés', el pasado día 19 en las cuestiones previas. El magistrado Manuel Marchena (centro)  los otros seis miembros del Supremo que juzgarán a los líderes del 'procés', el pasado día 19 en las cuestiones previas.

El magistrado Manuel Marchena (centro) los otros seis miembros del Supremo que juzgarán a los líderes del 'procés', el pasado día 19 en las cuestiones previas. / Ballesteros (EFE) (Madrid)

El Tribunal Supremo ha confirmado su competencia para enjuiciar el procés independentista en Cataluña pero ha levantado del banquillo a seis de los acusados, cinco de ellos Miembros de la Mesa del Parlament y una ex diputada de las CUP que habían sido procesados tan sólo por el delito de desobediencia. Estas personas deberán ser juzgadas ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), según fuentes del alto tribunal.

De este modo, estima parcialmente las alegaciones planteadas por las defensas del ex vicepresident Oriol Junqueras y los otros 17 procesados por el juez Pablo Llarena que habían reclamado que el asunto pasara a manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En el banquillo del Supremo quedarán doce ex mandatarios, acusados todos ellos de rebelión y malversación de fondos públicos.

La Sala, que comenzará a juzgar este asunto en las próximas semanas, lo justifica en un auto dado a conocer este jueves en el que admite parcialmente los planteamientos expresados por los abogados en la vista de previo pronunciamiento celebrada el pasado día 18.

Los investigados en el Supremo que pasarán ahora a ser enjuiciados por el TSJC son Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, ex miembros de la Mesa del Parlament, además de Mireia Boya, de la CUP. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pedía para ellos solo pena de multa.

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