AYER fue un día en el que Cataluña estuvo presente en las crónicas de tribunales de una forma que llegó a resultar cansina. Lo fue por distintos motivos, aunque todos partieron de una base común: el empeño de ese “pequeño país” del noreste en quedar por encima en materia lingüística como aceite de ricino sobre agua quieta. El Tribunal Superior de Justicia le dejó claro al Ayuntamiento de Barcelona que el catalán no puede ser lengua de uso preferente en sus oficinas porque, ya se sabe, hay una lengua llamada castellano a la que no se puede ningunear y que, además, une en su uso a todo el Estado. Poco después, el mismo Tribunal obligaba a la Generalitat a escolarizar con clases en castellano a cuatro niños meses después de que sus familias reclamaran tal derecho. Y es que en unos tiempos en los que se busca lo común y el intercambio, el empeño catalán en hacer diferente a quien no lo es ni lo siente tan sólo provoca lástima. Y hartazgo.