La Diputación de Cádiz toma el relevo de la Junta de Andalucía en el parque tecnológico de Jerez (PTA). La institución provincial ha acudido al rescate del gobierno local tras el desaire de la Junta a los problemas económicos del parque, para lo que aportará medio millón de euros en un intento de evitar el principal obstáculo al que se enfrenta la sociedad gestora del parque en su actual situación de insolvencia, la obligación de devolver algo más de seis millones de euros de las subvenciones concedidas para la construcción del contenedor de empresas.

En plena ebullición de la nueva polémica político-administrativa entre el Ayuntamiento y la Junta con el PTA de Jerez como telón de fondo, la alcaldesa, María José García-Pelayo, anunció ayer el desembolso económico que la Diputación realizará a partir del 1 de octubre y a través de dos planes de empleo distintos. La aportación de la institución provincial permitirá completar el ala del edificio destinada a la actividad empresarial para cumplir así, aunque parcialmente y fuera de plazo, con la finalidad de dichas ayudas públicas.

La inversión servirá para "ir culminando" el edificio del contenedor de empresas, explicó ayer Pelayo en declaraciones a los periodistas, a los que detalló que "esta actuación va a permitir que la parte destinada a los emprendedores se pueda comenzar a usar", pues "vamos a finalizar las naves en la que los empresarios comenzarán a trabajar y la parte que va a sufrir retrasos es la puramente administrativa".

Para la regidora jerezana, la inyección económica de Diputación en el "edificio de la polémica" demuestra que el gobierno local "nunca se ha quedado de brazos cruzados", afirmación con la que respondió a las críticas vertidas por la Junta y el PSOE sobre los tres años que a su juicio han pasado en blanco para el PTA y que coinciden con la etapa del PP al frente del Ayuntamiento jerezano.

Al hilo de estas críticas, y de la ausencia de los representantes de la Administración económica en la junta general de accionistas del jueves en la que se dio luz verde a la solicitud del preconcurso de acreedores para el parque tecnológico, la alcaldesa dijo sentirse "engañada", "estafada" por la Junta de Andalucía, en la que, "después de todas las conversaciones que se han venido produciendo este verano en las que parecía que íbamos a ir de la mano para aprobar un plan de viabilidad para el parque, no voy a volver a confiar más".

"El gobierno local no va a tirar la toalla, y con la Junta o sin la Junta, el PTA saldrá adelante", significó Pelayo, quien acto seguido lamentó la actitud de la Junta, en la que sólo ve un "interés político", ya que "nos sentimos literalmente engañados porque en últimos tres meses hemos mantenido reuniones con sus representantes en el parque para plantear el plan de viabilidad que permitiera dar salida al PTA entre ambas partes, es decir, un plan de viabilidad de la suma de esfuerzos de ambas administraciones, pero la Junta ha pegado la espantada".

Para la regidora jerezana, la ausencia de la Junta y del PSOE en la junta de accionistas extraordinaria es más grave si cabe porque ambos "son los únicos responsables de la situación actual" del parque, que a su juicio arranca del "caos" en la gestión por parte del anterior gobierno socialista. "Ahora nos explicamos por qué la Junta no quería el cambio de gerente en el PTA", manifestó Pelayo, no sin insistir en que "nos sentimos literalmente estafados por la Junta", reseñó.

A preguntas de los periodistas, la alcaldesa anunció que los grupos de la oposición conocerán el lunes todos los detalles de la labor desarrollada en el PTA en los tres últimos años en la junta de portavoces convocada al efecto. A la misma, según Pelayo, asistirán el portavoz del gobierno local y el delegado de Impulso Económico, y presidente de la sociedad gestora del PTA, Antonio Saldaña y Francisco Cáliz, para "dar cuenta con documentos de las gestiones realizadas".

En opinión de la alcaldesa, la única responsabilidad que tiene el gobierno local en la situación actual del PTA "ha sido pecar de exceso de confianza y de prudencia por no haber hablado antes claro y alto para no dañar al parque ni a los empresarios instalados en el mismo". No obstante, Pelayo recordó que "los jueces sí han hablado y por eso el gobierno anterior -socialista- está imputado en los tribunales por su nefasta gestión en el parque, que la Intervención General del Estado puso de manifiesto al desvelar que la contratación de las obras del contenedor de empresas fue un desastre, porque no se anunció su licitación en el BOE, luego se hizo a hurtadillas y por eso nos ha costado medio millón de euros más".