El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz, ha denunciado que “la alcaldesa, María José García-Pelayo, utiliza el consejo de administración de Comujesa para aprobar hasta cinco acuerdos ilegales e intenta que el resto de consejeros sean cómplices de esas acciones irregulares”.

Díaz recuerda que ya “el pasado 22 de febrero, el gobierno del PP aprobó un expediente disciplinario al gerente de manera irregular, delegando funciones a la presidencia /vicepresidencia que son propias de la gerencia, y que, en ningún caso, el consejo de administración las puede delegar”.

Además, puntualiza Diaz, "los populares aprobaron autorizar que la firma del gerente recayera en la presidencia y vicepresidencia de Comujesa, es decir en María José García-Pelayo y Jaime Espinar, y por último, se otorgó poderes a estas mismas personas”.

José Antonio Díaz añade que en el consejo de administración de este 14 de marzo se han aprobado "dos nuevos acuerdos ilegales con el voto favorable de los consejeros populares y el voto en contra del resto de consejeros de la oposición, PSOE, Confluencia y VOX".

Según el portavoz socialista, “es una ilegalidad la autorización para que el director de recursos humanos de Comujesa asuma las facultades del gerente sin anular el anterior acuerdo del consejo y utilizando e inventado una figura jurídica que no existe en la Ley. Esto no hace más que agravar la ilegalidad al incluir en la propuesta la retroactividad de los efectos al día 22 de febrero. En ningún caso la ley contempla la retroactividad de los acuerdos”

Los consejeros socialistas entienden esta maniobra como un “lavado y centrifugado para subsanar posibles irregularidades de cualquier índole, acciones consumadas desde el día 22 de febrero hacia adelante cuando asume las funciones gerenciales la vicepresidencia del señor Jaime Espinar y así intentar burdamente protegerlo”.

Los socialistas, además, se han extrañado "porque el vicepresidente, señor Espinar, no sabía lo que estaba proponiendo, manifestando que era una delegación de facultades cuando la propuesta era una autorización de funciones” que no existe en la Ley.

“Sinceramente nos preocupa mucho", comenta José Antonio Diaz, "que el gobierno de Pelayo no esté a la altura de lo que necesita una empresa como Comujesa, que va a la deriva, porque los consejeros del PP no saben ni de procedimientos, ni de gestión, con informes que confunden leyes y vuelven a no traer los expedientes con sus respectivos informes que amparen la legalidad”.

Los socialistas creen que "el gobierno de Pelayo no ha medido bien las consecuencias de abrir expedientes disciplinarios al gerente de Comujesa. El PP está provocando un gran problema de gestión a la empresa y ahora intentan parchear con 'chapuzas legales'. El vicepresidente y la presidenta han aprobado hasta cinco acuerdos irregulares y quiere que los consejeros socialistas avalemos algo que es ilegal, que seamos cómplices de sus triquiñuelas para 'salvar al soldado Espinar'”, añade Diaz.

José Antonio Díaz advierte que “no nos vengan diciendo que ahora se paraliza la gestión, porque son ellos los que están generando esta crisis técnica de funcionamiento. La señora Pelayo y el señor Espinar son quienes han provocado el caos económico, administrativo y laboral, y quieren solventarlo incumpliendo las leyes. No atienden nuestras peticiones. Nos oculta información. No hace caso de nuestras advertencias de dichas ilegalidades”.

Díaz recuerda que “la empresa arroja perdidas en más de dos millones de euros, no pagan a las empresas, no tienen crédito presupuestario suficiente, están utilizando los créditos presupuestarios que hay para pagar a proveedores, para pagar nóminas y aumenta el gasto por encima del marcado por la Ley, conduciendo a Comujesa a su hundimiento económico”.

Los consejeros socialistas han anunciado en el consejo que que tomarán acciones legales contra los cincos acuerdos ilegales aprobados por el Partido Popular. “En el derecho que nos asiste, indica José Antonio Díaz, impugnaremos los acuerdos y estudiaremos las acciones legales de cualquier índole en defensa de la empresa pública, los servicios que prestan y de su plantilla. Si quieren hacer las cosas bien, contarán con nuestra ayuda, pero de esta manera ilegal no tendrán nuestro apoyo”.