El Tribunal Supremo ha aceptado que el PSOE participe como acusación popular en la causa abierta contra la ex alcaldesa María José García-Pelayo por los contratos que autorizó en 2004 con empresas vinculadas a la trama Gürtel para la edición de Fitur de ese año. No obstante, la formación, que se personará a través de cuatro ex concejales del Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, tiene que formalizar una fianza de 3.000 euros antes de poder acceder a esta pieza judicial. La anterior regidora está investigada por los delitos de prevaricación y falsedad documental por las irregularidades detectadas en las contrataciones de las actividades de promoción de la ciudad que llevó a cabo el Ayuntamiento durante la Feria de Turismo de 2004.

Fue el pasado 17 de febrero, precisamente días antes de que García-Pelayo declarara en el Supremo, cuando el grupo de ex ediles solicitó personarse. No obstante, el Alto Tribunal no resolvió su petición hasta el día 23, un día después de la comparencia de la ex regidora. En el auto, los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal consideran que el PSOE cumple con los requisitos legales para que se conformen como acusación popular. Eso sí, y tal y como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los particulares o entidades que se acojan a esta figura jurídica deben formalizar previamente el pago una fianza. La asignación de la cuantía fue encomendada, según se recogía en ese auto, al magistrado instructor de la investigación de los contratos de Jerez con la Gürtel, Antonio del Moral, quien ahora ha marcado el importe en 3.000 euros.

No es baladí que sea un grupo de antiguos ediles socialistas de Boadilla del Monte quien se persone en esta causa. La investigación se inició en esta ciudad próxima a la capital madrileña al destaparse una presunta trama de corrupción en contrataciones públicas vinculadas a cargos del PP que acabó convirtiéndose en la llamada trama Gürtel. Desde entonces, la formación se ha personado en las distintas causas abiertas tanto en Madrid como en Valencia o en Andalucía.

Por este motivo, esta formación fue uno de los denunciantes que promovieron las diligencias iniciales que se tramitaron en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por las contrataciones del Ayuntamiento de Jerez -aunque estas también fueron denunciadas por la ex alcaldesa Pilar Sánchez-. Sin embargo, aquella causa se archivó pero tiempo después fue retomada por la Audiencia Nacional. No en vano, estos cuatro ediles también están personados como acusación en el juicio que se celebrará en este tribunal contra varios técnicos y ex técnicos municipales acusados por las irregularidades en estas contrataciones.