El PSA denunció ayer que el impago de una subvención municipal a vecinos de Juan XXIII ha provocado que sobre pensionistas de esta barriada "pese una posible amenaza de embargo", cuestión que horas después negó el delegado de Viviendas e Infraestructura, Antonio Fernández. La citada subvención fue un compromiso de la alcaldesa Pilar Sánchez de pagar la parte del coste de la rehabilitación de viviendas que corresponde a los vecinos, en el caso de aquellas personas con menos recursos. Según explicó la asociación de vecinos al PSA, esa subvención aún no ha llegado, pese a que se aprobó en la junta de gobierno local del pasado abril. El PSA afirmó que ahora la alcaldesa "se lava las manos y abandona a estos jerezanos, a quienes la empresa constructora les reclama el pago de las letras". El delegado de Viviendas admitió que los vecinos de Juan XXIII aún no han cobrado la ayuda, "por falta de liquidez", pero aseguró que se va a pagar. Además, dijo que se había puesto en contacto con la constructora y que ésta no sólo no había iniciado ningún procedimiento de embargo "sino que ni siquiera ha reclamado el dinero a los vecinos. El PSA crea una alarma improcedente".