El Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra ha vuelto a registrar una nueva agresión a profesionales sanitarios en el plazo de tres semanas, el que se vivió en el Centro de Salud de San Benito de Jerez el pasado 18 de enero y el más reciente padecido este viernes 9 de febrero en el Centro de Salud Tolosa Latour de Chipiona.

Según informa en un comunicado el Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra, se ha activado su Plan de Prevención de Agresiones tras este episodio de violencia registrado en dicho Centro de Salud Tolosa Latour de Chipona.

En concreto, el pasado viernes se produjo una agresión física de una usuaria contra dos profesionales, una enfermera y una TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería), por la que tuvo que acudir al centro la Guardia Civil, ante la que se ha puesto la correspondiente denuncia.

El Área ha puesto a disposición de las profesionales afectadas todos los recursos necesarios, al tiempo que condena públicamente estos hechos. Y es que, la agresión física o intimidación grave contra personal sanitario en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo, a través de su delegada, Eva Pajares, se ha sumado a lamentar lo sucedido y también ha mostrado su apoyo a esta profesional, así como al resto de personal sanitario.

Salud cuenta con diversos instrumentos de lucha contra esta lacra incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, que entró en vigor hace dos años; en este marco, se analiza el contexto y las características de las agresiones al personal sanitario, sobre lo cual, la Consejería recuerda que vincular las agresiones a cualquier motivo ajeno (como una supuesta saturación asistencial) a la falta de civismo y educación, no es de recibo.

Uno de los instrumentos del plan es la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de centros sanitarios, que pretende encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.

Dicha comisión provincial, cuya última reunión se celebró la pasada semana, está presidida por la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, se cuenta con la participación del interlocutor sanitario, el interlocutor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como de Algeciras. También están presentes la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo, así como los referentes en materia de agresiones de los hospitales, distritos, áreas sanitarias y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de la provincia.

Aparte de los instrumentos mencionados, se ha creado el Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, un instrumento de la Junta, contemplado en el Plan de Prevención de Agresiones, cuyo objetivo es proponer medidas factibles, acordes y pertinentes contra esta lacra y en el que participan los colegios profesionales.

Asimismo, gracias a la nueva Ley de Función Pública de Andalucía, los profesionales sanitarios y el personal de gestión y servicios de la comunidad, en el desempeño de las funciones que tengan asignadas en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, tendrán la consideración de autoridad pública y gozarán de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente.

Además, la Consejería de Salud y Consumo plantea el establecimiento de un régimen sancionador administrativo interno del SAS, con independencia de la vía judicial, de modo que cualquier agresión, física o verbal que se produzca dentro del sistema sanitario, pueda ser sancionada económicamente, aparte de la denuncia que cada profesional de forma individual deba realizar. Sobre esta medida, al necesitar ser establecida con rango de Ley, se está estudiando el procedimiento más rápido y garantista para su definitiva aprobació